Cancún.- Inconformes con las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , que invalidó la criminalización de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar, en el caso Coahuila, y consideró que los estados carecen de facultades para determinar cuándo inicia la vida, en el caso Sinaloa, una docena de grupos conservadores se manifestaron hoy en Quintana Roo .
En Cancún, fuera de la sede de los juzgados federales, más de 150 personas con globos blancos y azules se pronunciaron en contra de la Corte y por el reconocimiento de la vida durante todas sus etapas, así como por la defensa del derecho del no nacido y de la mujer embarazada.
Las y los participantes acusaron a las y los ministros del máximo tribunal, de usar argumentos de las “agendas abortistas” para desconocer el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte y manifestaron que el aborto “no es, ni nunca será un derecho humano”.
Silvana Chávez aseguró que esas “ideologías” “aplastan” la soberanía de los países, de los estados y los derechos fundamentales.
Hoy, hace una semana, al exponer sus argumentos a favor de no enviar a la cárcel a las mujeres que abortan voluntariamente, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, dejó en claro que, efectivamente, el aborto no es un derecho, pero sí lo es “el derecho a decidir de las mujeres”.
Al discutir el recurso de inconstitucionalidad sobre los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila, 10 ministras y ministros también manifestaron que, jurídicamente, el producto de la gestación en sus etapas más tempranas carece de la calidad de “persona”, por lo cual no es sujeto de derecho.
Lo anterior significa -explicaron en sesión del pleno- que no existen dos derechos a defender, porque las leyes, la Constitución y los tratados internacionales solo defienden a las personas y, en este caso, solo las mujeres gozan de esa calidad.
Por tanto, debe garantizarse el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar, no de abortar, sino de “decidir de forma autónoma e informada” si continúan o no con un embarazo que impacta directamente su vida.
Las personas que protestaron hoy refutaron lo anterior y señalaron que el embarazo y su interrupción, involucra “dos cuerpos y dos corazones”, lo que implica que están en juego dos derechos, en uno solo: El derecho a la vida de ambas personas.
Al tomar la palabra, una de las personas convocantes, dijo cosas como que no se puede hablar de interrupción del embarazo, porque al truncarlo, el proceso ya no puede ser retomado y afirmó que se trata en realidad de “eliminación total del producto, es decir, asesinato”.
Para la Corte “no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas”, señaló el máximo tribunal, al explicar que el producto de la gestación merece la protección de la ley en la medida en que avanza el embarazo, sin que ello desconozca el derecho a decidir de las mujeres, en ejercicio de su libertad reproductiva, en determinados supuestos.
Pese a que el obispo Pedro Pablo Elizondo negó ayer que las manifestaciones en contra del aborto y de la SCJN fuesen convocadas por él o por la Diócesis Cancún-Chetumal, desde las redes sociales de ésta se invitó a la feligresía a sumarse a las protestas en defensa de la vida.
En la invitación se precisó que la cita sería hoy afuera de los edificios del Poder Judicial, en los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal.
Ocurre que el 9 de septiembre, la SCJN invalidó parte del artículo 4 Bis de la Constitución de Sinaloa, que reconocía el derecho a la vida desde la concepción y establecía que desde ese momento debía ser protegido.
La Corte concluyó que las entidades reiteraron en ese caso que los estados carecen de competencia para definir cuándo inicia la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de derechos humanos, pues es facultad de la constitución.
Además, también refrendó que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, restringir el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, es inconstitucional.
“Venimos rezando y estamos pidiendo desde que se impuso este pecado tan grande, que es asesinar a inocentes en el vientre, no se vale. Estamos hablando por los que no pueden hablar, por los que no se pueden defender, por ellos estamos orando y llorando”, expresó este lunes, Gabriela Hernández, una de las participantes en estas manifestaciones.
Cuestionada sobre su postura acerca de que el Congreso en Quintana Roo reformara la ley de acuerdo con los criterios fijados por la SCJN, respondió:
“Vamos a orar por esas personas para que Dios les toque el corazón y vean que eso que están haciendo es un asesinato vil y cruel y que están defendiendo y proponiendo propuestas muy aberrantes. Defendemos la vida desde el nacimiento”, dijo, al señalar que otra opción para las mujeres que no pueden o no desean tener un hijo o hija, es la adopción.
Entre las personas que se manifestaron, Miguel Ángel Weber Córdova, médico de profesión, fue cuestionado por la prensa sobre cuál es la evidencia científica para determinar cuándo comienza la vida de una persona.
Después de citar versículos de la Biblia que hablan sobre que Dios “nos hizo hombre y mujer”, con el objetivo de “multiplicarnos”, manifestó que los médicos “deben respetar eso y a la familia”.
Al insistirle sobre cuál es el dato científico para defender que la vida de una persona comienza desde la concepción, respondió que eso está marcado por la unión del espermatozoide al fecundar al óvulo.
“Si todos creemos en Dios, sabemos que Dios genera vida”, sostuvo, al considerar que un 80 por ciento de las y los médicos piensan igual en la entidad.
Por “Médicos Pro Vida”, una doctora dijo haber estudiado Medicina para salvar vida y no para quitarlas y bajo ese precepto, defendió la objeción de conciencia para practicar el aborto.
La SCJN refrendó hoy que las y los médicos poseen esa alternativa, la cual es constitucional, mas no excusa al personal de salud para la interrupción legal del embarazo cuando se trata de urgencias médicas o esté en riesgo la vida de una mujer, lo cual ya se encuentra establecido en la Ley Nacional de Salud.
Esto significa que si bien un médico o médica pueden negarse a practicar un aborto, con base en su libertad religiosa o ideológica, no se puede restringir el derecho a la salud, como lo es brindar el servicio de interrupción segura del embarazo, que debe ser garantizado por un médico o médica no objetor.
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