Oaxaca.- El Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) advirtió que revertir la despenalización del aborto en Oaxaca , tras los amparos interpuestos por un grupo de médicos, significaría un grave retroceso para el ejercicio de los derechos de las niñas y las mujeres.
Las declaraciones acerca de proponer revertir la despenalización del aborto en el estado por el denominado grupo “Área Médica por la Vida de Oaxaca” , incluso en casos de violación, agregó, son alarmantes y requieren de un posicionamiento contundente por parte de instituciones como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
“Porque dadas las condiciones de gravedad de la situación en materia de violencia de género y violaciones a derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres de Oaxaca, debe quedar clara la posición del Estado frente a declaraciones que vulneren derechos fundamentales a la libertad, la seguridad y la vida de las oaxaqueñas”, afirmó.
En un comunicado, GESMujer manifestó que como organización feminista están a favor de las libertades, y por lo tanto del respeto a la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.
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Sin embargo, señaló que les causa preocupación el desconocimiento del sector médico acerca del derecho que ya tienen, pues está contemplado en la NOM-046 de los servicios de salud, en los Criterios para la Prevención y Atención a la Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril de 2009.
“¿Acaso el personal de salud desconoce la aplicación de normas oficiales, de obligatoriedad en los sistemas de salud?, ¿qué consecuencias tiene su desconocimiento para la atención de la salud y el respeto a los derechos de las niñas y las mujeres?”, cuestionó.
Asimismo, coincidió en la demanda de recursos materiales y humanos suficientes para efectuar la interrupción del embarazo en los hospitales públicos, lo cual se hace más urgente desde que en Oaxaca el aborto libre, seguro y gratuito es un derecho para las niñas y las mujeres.
De la misma forma expresó que están conscientes de que este logro del movimiento feminista puede afectar intereses de aquellos sectores que obtienen ganancias económicas por practicar abortos en clínicas y consultorios particulares, pues de acuerdo a datos oficiales, cada año se practican alrededor de tres mil, pero la cifra negra triplicaría a nueve mil abortos anuales.
Por ello, hizo un llamado urgente al titular de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, a atender la capacitación de su personal en las Normas Oficiales del sector salud, y especialmente la NOM 046, por las implicaciones que tiene en la prevención y atención a la violencia familiar y sexual contra las mujeres.
Dicha afirmación deriva de la declaración de Alerta por Violencia de Género en 40 municipios de Oaxaca, y del dato que desde el 30 de agosto de 2018 a la fecha se han registrado 160 casos de asesinatos violentos de niñas y mujeres, de los cuales un 35% ocurrieron en municipios sin Alerta.
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“Solicitamos a las autoridades contribuir a la erradicación de la violencia de género a través de la correcta aplicación de la NOM 046, e intervenir cuando existan elementos de que un embarazo, en menores de 15 años, sea producto de la violencia sexual”.
Oaxaca, detalló la organización, se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional en embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años, según datos oficiales de SSO, los cuales representan alrededor del 20% de la totalidad de embarazos en el estado.
En este escenario, sostuvo que los Servicios de Salud de la entidad tienen la responsabilidad de detectar oportunamente los casos de violencia, atender el protocolo que establece la NOM 046, y dar parte a las autoridades. Se debe monitorear, supervisar y evaluar la correcta aplicación del protocolo establecido en dicha norma, la cual incluye informar sobre el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación —para que las usuarias estén en condiciones de tomar una decisión de manera libre e informada—, de tal manera que se evita anteponer concepciones personales a su obligación como servidor o servidora pública, pues de hacerlo estarían incurriendo en violación a los derechos humanos de niñas y mujeres.
Además, por derecho legal, deben realizar las gestiones que correspondan a fin de cumplir con la obligatoriedad de proveer interrupciones voluntarias del embarazo, lo que incluye recursos materiales y humanos, tanto que sean suficientes como de calidad.
“Es ineludible respetar la decisión de quienes se asuman como objetores de conciencia", reitera la organización feminista, pero insiste en que esto debe hacerse acatando lo que establece la NOM 046, en el sentido de que “las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados, no objetores de conciencia."
“Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada a la usuaria, se deberá referir de inmediato a otra unidad de salud que cuente con el personal y la infraestructura de calidad que permita brindarle atención”, puntualizó la organización.
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afcl