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Con sello de recibida el 5 de octubre de 2017 en la Oficialía de Partes de la Presidencia, la misiva del alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, advertía que se habían presentado hechos “de alto impacto” en materia de seguridad pública por el robo de hidrocarburo.
En el oficio número HASMT-PM-780/2017 realizó un amplio informe de la violencia y solicitó ayuda para enfrentar “la grave situación que se vive”, pero no recibió apoyo.
Octubre fue el mes que más puertas tocó el edil del Partido del Trabajo (PT). En 60 oficios, con un total de 238 hojas, pidió apoyo a todas las instituciones gubernamentales ante el flagelo de la delincuencia que azotaba a la región: “Alarmante”, “grave”, “fuera de control”, son algunas de las palabras que plasmó en los documentos dirigidos a autoridades estatales y federales, así como a corporaciones de seguridad para que le ayudaran a frenar la oleada de violencia relacionada con el huachicol y otros delitos.
En una enorme carpeta guarda cada hoja y palabra con el sello de recibido, incluso de la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, sin que tuviera respuesta, salvo la del senador Manuel Bartlett, quien subió a tribuna a demandar al Estado atender el problema en ese municipio.
“Sin haber recibido una respuesta contundente, este 2 de mayo la Policía Estatal tomó las instalaciones de nuestra corporación policial y debo creer que esta acción corresponde a los múltiples oficios que hicimos llegar y si es así lo agradezco”, dijo el edil.
Hoy está en el ojo del huracán porque el gobierno estatal, con el apoyo del Ejército, asumió el control de la Policía Municipal, retuvo a 185 de sus elementos y consignó ante un juez de Control a 133, entre ellos a dos mandos acusados de diversos delitos.
“Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro municipio nos provocan una situación muy alarmante de inseguridad”, imploraba el alcalde en una carta dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Entre el 3 y 19 de octubre de 2017, el munícipe se dirigió a todos los órdenes de gobierno, pero las cartas fueron recibidas en oficinas del presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos Hernández; del comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto; del presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo; los senadores Manuel Bartlett Díaz y Miguel Barbosa; del diputado morenista Alejandro Armenta Mier y hasta del director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño, entre otros.
En todas se ponía especial énfasis en lo ocurrido el 29 de septiembre de 2017, cuando hubo tres hechos de violencia; “los grupos delictivos que operan en esta zona se han incrementado de manera potencial, sobrepasando la capacidad de respuesta a las acciones de los cuerpos de seguridad”.
La infiltración de la delincuencia en las estructuras sociales también fue denunciada en una carta dirigida al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fechada el 5 de octubre de 2017. “Denota ya una relación de colaboración entre éstos y parte de la ciudadanía, lo cual, de no combatirse en este momento, hará más difícil su erradicación”, alertó y demandó la intervención federal para atacar de raíz el problema: eliminar los ataques a los ductos de Pemex.
Apenas el pasado 9 de abril se dirigió al secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Morales Rodríguez, para recordarle acuerdos previos y denunciar que la Comisaría de la Policía Estatal, colocada a un lado de la Casa de Justicia, “no tiene el uso planeado, generando un alto índice de descontento social y una percepción de inseguridad”.
En todos los oficios advertía que las bandas de huachicoleros, que históricamente operaban en el llamado Triángulo Rojo, ahora lo hacían en esa región. Y mientras había oídos sordos, el municipio de San Martín Texmelucan se hundía en espiral de violencia. Tan sólo en el primer trimestre del presente año hubo un repunte en los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, en el municipio se registraron 14 homicidios y es la tercera ciudad más violenta del estado; en primer lugar, se encuentra Puebla con 43 crímenes; en segundo, Atlixco con 14. En ese mismo lapso, pero de 2017, sólo se reportaron ocho asesinatos.