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Puebla.— Los gobiernos federal y estatal suscriben un acuerdo de coordinación, en materia de control interno, para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, así como mejorar la gestión gubernamental.
Además, se establece la implementación de acciones y mecanismos de coordinación y promover el intercambio de información entre ambas entidades para el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.Se estipula el fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, evitar duplicidades, omisiones en el trabajo de órganos de fiscalización, y dar más cobertura y máxima publicidad a sus resultados.
También se precisa que todas las conclusiones se deben difundir ampliamente, sobre todo cuando se traten de actos de prevención, investigación y las sanciones a las faltas administrativas cometidas y los hechos de corrupción, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En el documento estamparon sus firmas la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, y el gobernador de Puebla, Antonio Gali, en la 60 Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
Durante el acto, el mandatario entregó a Gómez González el “Compromiso por la integración”, donde se manifiesta el propósito de continuar con la ejecución de acciones para preservar la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Tras recibir el documento, la secretaria expuso que la SFP y los controladores estatales impulsan instrumentos de control, fiscalización y evaluación, además de promover la integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Dijo que los sistemas nacionales de fiscalización, transparencia y anticorrupción se han convertido en pilares para incrementar la eficacia de las instituciones, transformar la relación gobernantes-gobernados y hacer más efectiva la lucha contra la corrupción.
El gobernador manifestó que a la luz del nuevo diseño institucional del SNA, los órganos internos de control enfrentan grandes retos, pero consideró que el intercambio de buenas prácticas permitirá mejorar la prevención, investigación y sanción.
