A 15 días del recrudecimiento del conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, el gobierno de Chiapas informó que implementó medidas precautorias y cautelares para resguardar la integridad de la población y se canaliza ayuda humanitaria a la zona.
A su vez, el Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, advirtió que en esa región de los Altos de Chiapas, grupos armados ilegales crean un ambiente de terror en las comunidades de Chalchihuitán, y han provocado el desplazamiento de más de 5 mil indígenas tzotziles, quienes “se encuentran en condiciones de gran precariedad y sometidas a la intemperie”.
Agregó que por el conflicto de límites, que se remonta a más de 40 años, también se tienen más de 300 desplazados de comunidades de Chenalhó.
La Diócesis
dijo que es sorprendente la impunidad con la que actúan y se movilizan en la zona los grupos armados, “al grado que ni la Policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo”, alertó.
En medio de los clamores de los desplazados de Chalchihuitán que piden la restitución del orden y la tranquilidad y a más de dos semanas de la agudización del conflicto, el gobierno estatal aseguró que en la zona fueron desplegadas acciones policíacas.
“En un esfuerzo conjunto de fuerzas estatales y federales, el gobierno del estado instaló una Base de Operaciones Mixtas, con el objetivo de disuadir la portación de armas de fuego y distensionar la problemática de la zona limítrofe entre ambos municipios”, indicó.
A través de la Secretaría General de Gobierno, se establecieron además mesas de diálogo permanente, con la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez y el presidente municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, de manera coordinada con funcionarios estatales y federales.
En los encuentros se ha exhortado a las partes, para que a través del diálogo, mantengan la calma y no caer en provocaciones. La Secretaría General de Gobierno precisó que en las medidas cautelares participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos , así como los presidentes municipales y a las autoridades de bienes comunales de ambos municipios, para privilegiar la paz y la tranquilidad en la zona, “con pleno respeto a los derechos humanos”.
A esas medidas se suma la ayuda humanitaria enviada, a través de la Secretaría de Protección Civil, la cual consiste en víveres, artículos de limpieza personal, cobertores y colchonetas a las familias desplazadas, aseguró el gobierno del estado.
Para la atención médica se refuerzan las brigadas médicas, “incluso se utilizará la ambulancia aérea para llevar personal y medicamentos”.
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda puntualizó en un comunicado que las partes en conflictos convinieron respetar el fallo del Tribunal Agrario sobre los asuntos de límites en ambos municipios.
Y el gobierno del estado “está listo para cumplir con los compromisos que se incluyen en dicho convenio”, sostuvo el funcionario estatal.
cfe