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Cancún.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) consideró que se está en posibilidad de comenzar próximamente los trabajos para la construcción de los Tramos 6 y 7 del Tren Maya , que correrán por los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco , en Quintana Roo, hasta conectar con Escárcega, en Campeche.
El vocero de la institución, Fernando Vázquez Rosas, declaró hoy en Cancún que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) se ingresaron para la evaluación del proyecto, el pasado cuatro de agosto y se tiene la autorización provisional que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esto significa que el proyecto apenas es analizado y no cuenta con autorizaciones de impacto ambiental, pero sí con autorizaciones provisionales que emanan del controvertido Acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre de 2021, que catalogó diversos proyectos federales como de “interés público” y “seguridad nacional”.
“Está en proceso el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental y una vez que se concluya estarán empezando. En el tramo 6 y 7 no han iniciado las obras, están por iniciarse, está en proceso la Manifestación y una vez que concluya, comenzará.
“La obra es legal absolutamente. La obra del Tren Maya inició con autorizaciones provisionales a partir de un acuerdo emitido por el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró constitucional”, expresó.
En efecto, el máximo tribunal del país se pronunció, pero solo sobre la constitucionalidad de uno de los dos aspectos que conforman el Acuerdo mencionado, relativo al componente de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la Corte sigue sin pronunciarse sobre la declaratoria de “interés público”, elemento que también ha sido impugnado judicialmente y de donde emanan las autorizaciones provisionales que permiten –indebidamente– que se inicien obras en tanto se obtienen las autorizaciones definitivas.
Estas autorizaciones provisionales contravienen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que obliga a particulares y entes públicos a obtener una autorización de impacto ambiental antes de realizar cualquier obra o actividad para determinados proyectos, con base en el Principio Precautorio.
Vázquez Rosas admitió que el tema “es debatible”, pues el que la SCJN no se haya pronunciado sobre ese punto, no vuelve ilegal el proyecto.
El funcionario se refirió también a que el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, no validó el Acuerdo presidencial y por eso emitió, en su momento, una serie de suspensiones provisionales y definitivas para el Tramo 5 Sur, mismas que ya fueron revocadas, pues Fonatur “respetó” y “cumplió” con los requerimientos del juez Adrián Fernando Novelo.
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“Por eso digo que la obra es absolutamente legal y se ha cumplido con los requerimientos del juez”, insistió, al ser entrevistado durante el receso de la Reunión Pública de Información que se desarrolló hoy en Cancún para presentar el Tramo 5 Norte del proyecto a la comunidad.
Al respecto, se le mencionó que, en realidad, Fonatur también incurrió en desacato de las suspensiones, debido a que la devastación de la selva se realizaba mientras seguían vigentes dichas suspensiones, lo cual está documentado.
Se le indicó que esa misma situación se replica en el Tramo 5 Norte, en donde habiendo suspensiones, siguen los trabajos.
En respuesta, aclaró que por parte del Fonatur se cumplieron las suspensiones, pero ahora invocó el acuerdo del Consejo de Seguridad, que declaró al proyecto como de Seguridad Nacional, dejándolo en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de distintas dependencias del gobierno federal que decidieron proseguir con los trabajos bajo ese pretexto.
“Fonatur es respetuoso de las facultades del Ejecutivo federal y del Consejo de Seguridad Nacional, que toma sus decisiones. Fonatur no forma parte del Consejo”, expresó.
En ese punto, se le comentó que el juez Adrián Fernando Novelo estableció en una de las suspensiones definitivas ratificadas –antes de que fuese revocada– que el Fonatur era responsable de que ninguna otra dependencia o empresa particular realizara obras o actividades en el Tramo 5 Sur, lo cual se desacató también.
El vocero consideró que ese tema también es “debatible” y conminó a esperar a que los asuntos se resuelvan de fondo.
En torno a la “cláusula de confidencialidad” que invocó Rafael Villegas Patraca, del Fonatur-Tren Maya, para negarse a transparentar los costos de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Norte, Vázquez Rosas ofreció revisar el tema.
“Como hay un contrato, puede ser que se hayan establecido estas cláusulas, ¿no? Ofrezco revisar ese dato. Si hay esa cláusula, la tienen que respetar porque está firmado; de todos modos cualquier ciudadano puede hacer su derecho de acceso a la información”, indicó.
Se le cuestionó cuál fue la fuente de esos recursos, si se pagaron al Conacyt y al Inecol como entes que elaboraron la MIA, si medió alguna licitación o fue por adjudicación directa y cuál es el papel y alcance de Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., como empresa o como parte del gobierno.
“Ofrezco revisarlo, pero en general es Fonatur Tren Maya quien tiene que hacerse cargo de las MIAs. Fonatur Tren Maya es una empresa pública. Fonatur es una empresa con filiales, Fonatur Constructora, Fonatur Tren Maya y tienen diferentes funciones”, comentó.
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