Saltillo.- “El gobierno federal no han entregado las armas que compró el Gobierno de Coahuila , se han tardado mucho, ya van dos años que se hizo el pedido y se pagaron entre 8 y 9 millones de pesos por armas de grueso calibre y no llegan”, declaró la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Sonia Villarreal Pérez .
Señaló que en todo este tiempo no hay responsables de la tardanza en entregar el armamento porque “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se echan la bolita” y ninguna se hace responsable, cuando ese equipo se requiere para reforzar a los cuerpos de seguridad en Coahuila.
Villarreal Pérez compareció ante diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso, con motivo de la glosa del IV Informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
Destacó que “la ola de haitianos y centroamericanos”, al menos 18 mil, que se asentaron bajo el puente internacional de Ciudad Acuña-Del Río, Texas, para cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, fueron regresados a sus lugares de origen por tierra o aire.
“Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos se realizaron varios vuelos con 130 extranjeros cada uno, para retornarlos a sus naciones, esta medida nos permitió restablecer el orden público y la reapertura del puente internacional entre Acuña y Del Río, Texas, Estados Unidos”, dijo.
La funcionaria reiteró que Coahuila está blindado y seguro y enumeró una serie de acciones tendientes a mejorar el rubro de seguridad. Indicó que uno de los proyectos emblemáticos de esta administración es la creación de la Universidad en Ciencias de la Seguridad.
Apuntó que en dicha institución se ofrecerán nuevas carreras y maestrías, además de que fueron remodeladas las instalaciones con una inversión de 8 millones 700 mil pesos.
En cuanto al proyecto de la Policía Complementaria, Sonia Villarreal dijo que será para eventos particulares en parques, gimnasios, lugares al aire libre y hasta bancos.
“Todavía no estamos listos, será para febrero o marzo, pues parte de la policía que está en la academia es quien va a dar este servicio. Todavía falta el reglamento de la ley, apenas se está preparando todo pero de lo que trata es reforzar la seguridad”, añadió.
Asimismo informó que por diversos motivos fueron despedidos 47 elementos, aclarando que ninguno tenía nexos con el crimen, pues se les practican exámenes de control y confianza.
Señaló que se han recibido 248 quejas que presuntos afectados han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en lo que va del año, lo que representa un 29% menos que en 2020.
“Si traemos un reto, aunque haya una sola queja, nosotros seguimos trabajando con ellos, tratando de tener elementos, se han despedido 47 elementos, no han detectado a ningún elemento con nexos con el crimen organizado, porque se hacen los exámenes antes del tiempo”.
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