Oaxaca.— A unos días de que venza el plazo para que el Ejecutivo estatal publique las reformas al Código Penal y sea efectiva la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), advierte que existe el riesgo de que veten estas reformas por las “presiones que sectores conservadores siguen ejerciendo”.
Pese a ello, asegura tener confianza en que el gobernador Alejandro Murat será respetuoso de la decisión del Poder Legislativo y hará una cuidadosa valoración del costo político que representaría a nivel nacional e internacional vetar el derecho a un aborto libre y seguro, sobre todo después de haber sido considerada una decisión histórica en la defensa de los derechos de las mujeres.
“Por nuestra parte, nos mantendremos atentas y vigilantes al proceso, pues es un derecho que protegerá vidas, y estamos a favor de la vida de las mujeres y niñas”, comenta y reconoce que aún hay un “largo camino por recorrer” para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo, tanto en lo que se refiere a recursos públicos como en personal capacitado.
Al respecto, el secretario de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Carlos Alberto Pérez Bautista, asegura que Oaxaca carece de la infraestructura necesaria para atender las interrupciones de embarazo que soliciten las mujeres en el estado.
Afirma que de entrar en vigor la despenalización del aborto, por la reforma aprobada en la 64 Legislatura del Congreso del estado, la capacidad actual de las instituciones de salud será insuficiente para atender a las mujeres que decidan realizárselo.
Informa que, hasta el momento, el sindicato no ha recibido ningún tipo de notificación o indicaciones por parte del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, sobre esta nueva disposición o sobre algún esquema de trabajo para llevarla a cabo.
Pérez Bautista cuestiona que los legisladores locales no hayan solicitado la opinión de los sindicatos, que son quienes dan “cobijo” a la mayor parte de los médicos y enfermeras que laboran en los hospitales públicos, y que serán los responsables de llevar a cabo las interrupciones de embarazos.
Lo anterior, explica, no sólo por la falta de capacidad del sistema de salud, sino porque constitucionalmente los médicos tienen derecho a decidir si practican o no la interrupción del embarazo.
“Nosotros, como personal médico, estamos en contra de actividades que tengan qué ver con ese tipo de acciones, como es el aborto. En ese sentido, cada médico deberá tomar su decisión porque es una responsabilidad también”, dice.
Advierte que podrían movilizarse como sindicato, en caso de que una vez dadas las órdenes para cumplir con las interrupciones de embarazos, los hospitales no cuenten con insumos o medicamentos necesarios para llevarlas a cabo.
Sobre el tema, la presidenta de GESMujer expresa que la opinión del líder sindical y el que médicos ejerzan su derecho a no practicar un aborto es respetable; no obstante, argumenta que será obligación del Estado coadyuvar para que exista el personal de salud —respetando sus libertades de conciencia— que colabore en el acceso a este derecho para las mujeres.
“Existe una experiencia en la Ciudad de México de la cual aprender. El aborto es y será siempre una decisión, jamás una imposición. Que sea libre, seguro y gratuito es un derecho ganado y obligación del Estado garantizarlo”, recalca.
