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En México permea la desprotección y un discurso por parte del Estado que pone en peligro a las personas defensoras, dice en entrevista con EL UNIVERSAL Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Para la organización, que brinda acompañamiento sobre todo a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, hay la necesidad de que los gobiernos reconozcan “la gravedad del problema y garanticen o doten de las herramientas y recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que pueda desarrollar su labor plenamente”.
De forma general, Olivares Ferreto recuerda que, desde hace varios años, México es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos, situación que se agrava debido a las condiciones de inseguridad, puesto que la defensa de los territorios ocurre ante “actores legales y otros al margen de la legalidad”.
Lo más grave, señala, es que “el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y la vida de las personas defensoras en México, y son casi cotidianos los ataques e incluso asesinatos.
“Vivimos en un país en donde 98 de 100 delitos quedan en la impunidad (...) y no hay excepciones. En la investigación de los asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio, los servicios de procuración de justicia son particularmente lentos y omisos. Entonces, permanecemos muchísimos años sin tener verdad, justicia ni reparación para las familiares de las víctimas”, detalla.
Doble deuda histórica
Para la maestra Olivares Ferreto, una constante en los delitos contra defensores es que, en muchos casos, ellos y ellas habitan o pertenecen a comunidades indígenas, donde, en algunas zonas, la riqueza de recursos es mayor.
“Lo que tenemos es que son territorios muy aislados, con una topografía muy complicada, en donde también es difícil para el Estado garantizar la protección, porque las medidas están más diseñadas para entornos urbanos con ciertas características (...) También nos encontramos con grupos y comunidades que están sometidas a los ataques de empresas o incluso del crimen”, apunta.
“Hay una condición estructural de exclusión, que se suma ahora a los riesgos encolados a la defensa de la tierra y todo esto hace que sea un entorno muchísimo más difícil para las personas defensoras, pero además donde la deuda del Estado es histórica ya”, dice.
Asimismo, explica, es grave el discurso que los gobiernos estatales y federal han manifestado en torno a la defensa, pues de cierto modo valida las agresiones e impunidad.
“Desde las autoridades se desacredita la labor de defensa, no se entiende que oponerse a un megaproyecto o a una obra no quiere decir que las personas están en contra de todo el gobierno, sino que es su derecho (...) Desacreditar a las personas defensoras puede contribuir a generar un clima de hostilidad y, de alguna manera, legitima los ataques, aun cuando no vienen de parte del gobierno”, finaliza Olivares Ferreto.
