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Ciudad Victoria.- El Gobierno de Tamaulipas tomó hoy el control de las instalaciones de 3 plantas tratadoras de aguas residuales en la zona sur de la entidad, tras un dictamen que emitió la Auditoría Superior del Estado (ASE) , que revela irregularidades en el proceso de contratos, que derivaría en diferentes delitos.
Ante la resolución, será la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la zona conurbada Tampico-Madero quien tendrá la administración de las plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales eran operadas por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Tamaulipas S.A. de C.V.
El 30 de junio del 2018, EL UNIVERSAL publicó que la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigaban las irregularidades del contrato para la construcción las plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona sur de Tamaulipas, por posibles actos de corrupción en los cuales estarían involucrados exfuncionarios de las dos administraciones estatales anteriores.
En aquel entonces, el titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, aseguró que, “en el momento que tengamos ya toda la información que corresponde como auditoría, nosotros estaremos entregando nuestro informe a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para que se prosiga con las sanciones administrativas a funcionarios, situaciones penales o lo que en su caso se presente”.
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El dictamen dado a conocer hoy, tiene su origen en las investigaciones que se realizaron en base a una denuncia que se presentó el 28 de mayo de 2018, por parte de la Comapa ante la ASE.
Fue una denuncia por presuntos hechos ilícitos en la contratación y ejecución de obras, de servicios públicos, adquisición de bienes y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones; así como irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de recursos públicos; así como por el desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados, y que pudieron haber causado y pudieran seguir causando daños y/o perjuicios al patrimonio de la Comapa y del Estado de Tamaulipas.
En diciembre de 2019 el Consejo de Administración de la Comapa celebró una Sesión Ordinaria, en la que se acordó el inicio de un Procedimiento Administrativo de Anulación para verificar la legalidad de los actos administrativos que sustentan el pago y operación de las plantas Tierra Negra y Morelos.
Trascendió que, el dictamen podría derivar en órdenes de aprehensión contra quienes estuvieron involucrados en los presuntos delitos, entre ellos ex funcionarios estatales de las anteriores administraciones.
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