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Guanajuato.— Tras una serie de protestas y jaloneos, líderes de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío y Fuerza Nacional de Anexos llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno del estado, que les prometió capacitación y apoyo para la regularización de los centros de atención a personas con adicciones.
Los representantes de los anexos dejaron un plantón que sostenían desde este lunes en el exterior de la Secretaría de Inversión, Finanzas y Administración estatal, con un acuerdo por escrito signado con la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García.
Los anexos se encuentran entre los espacios golpeados por la delincuencia, que han sido escenarios de irrupciones violentas y multihomicidios; sus titulares se quejan de la falta de respaldo de la Secretaría de Salud y autoridades municipales para la obtención de permisos y operar conforme a las disposiciones legales.
En la entidad operan 300 centros de rehabilitación contra las adicciones, y de ellos sólo 14 cumplen con la Norma Oficial Mexicana, es decir, con lo necesario para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, de acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Salud estatal.
Nicolás Pérez Ponce, vocero de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), señaló que el gobierno estatal debe dar los medios para atender a las personas con adicciones, evitar que se caiga en ese problema y se salga de él; dijo que los anexos sólo buscan operar en las condiciones que marca la ley.
En sus redes sociales, la Secretaría de Gobierno informó que se reunió con los representantes de las organizaciones de anexos, Nicolás Pérez y Alejandro Buenrostro, para firmar una serie de compromisos “que nos permitan trabajar de la mano”.
