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Cancún.- A través de modificación a su Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal 2020 , aprobada por el Cabildo y avalada por el Congreso de Quintana Roo, el gobierno municipal de Cancún pretende imponer nuevos procedimientos para el cobro por la recolección de la basura y la colocación de contenedores a costo de restaurantes, hoteles, plazas comerciales y negocios en general.
La respuesta del sector, agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , no se ha hecho esperar y, además de las denuncias hechas ante la Contraloría municipal y las cartas turnadas al Congreso, se advirtió hoy que, si el ayuntamiento de Benito Juárez no da marcha atrás, los negocios se ampararán en contra del cobro y del costeo mensual de los contenedores.
El ayuntamiento brinda el servicio de recolección de basura a través de la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) y mediante la concesionaria Inteligencia Mexicana.
Sin embargo, a través de una segunda empresa, llamada Eco’Ox, colocará en la ciudad y en la zona turística 200 mil contenedores con un microchip que mide el peso de la basura generada, a costo de los 22 mil negocios registrados en su padrón.
A principio de este año, el empresariado se encontró con que, para renovar sus licencias de funcionamiento, hubo un incremento en el pago de derechos por la recolección de la basura.
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Pequeños contribuyentes que en 2018 pagaron dos mil pesos, se vieron obligados a desembolsar casi 16 mil pesos, es decir, ocho veces lo que solían pagar la misma cantidad de basura generada.
También se toparon con que es ahora Siresol o la concesionaria, las que determinan cuánta basura es la que está generando cada negocio, violentando el sentido de autodeterminación aplicable originalmente, consistente es que es el propio generador quien reporta la cantidad de residuos que genera.
Entre las modificaciones a los procesos de recolección y cobro, el servicio se otorga ahora cada tercer día y si la empresa o negocio solicita que sea diario, se duplica la cuota de pago.
Además, los negocios deben sufragar la renta mensual de los contenedores, pese a que el ayuntamiento le paga -mediante impuestos que se cobran a la ciudadanía por el servicio de limpia y manejo de residuos.
De negarse a acatar estas nuevas disposiciones, las licencias de funcionamiento son detenidas, lo que redunda en clausuras y multas.
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Este jueves, durante su asamblea mensual, el CCE se pronunció en contra de estas medidas, producto de los cambios aprobados en la materia, el 16 de noviembre de 2019, y avalados por la XV Legislatura el 10 de diciembre de ese mismo año.
En la reunión estuvieron presentes los concesionarios de Eco’Ox y personal de Siresol. Al término, la presidenta del CCE, Inna Germán, informó que se acordó que el municipio emitirá una serie de oficios para expedir las prórrogas de las licencias de funcionamiento, mientras se arregla la controversia.
También se pactó redactar, junto con las concesionarias, redactar las modificaciones a la Ley de Hacienda del municipio y a la Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos Sólidos del estado, que se presentarán ante la Legislatura.
El lunes próximo debe estar listo el escrito, dijo, y añadió que de no prosperar, se irán a los amparos.
“El responsable de la recolección de basura es el municipio, no la concesionaria. Si el municipio quiere contratar a alguien más, puede hacerlo, pero la responsabilidad es suya, porque nosotros estamos pagando un impuesto al municipio, no a la empresa privada que presta un servicio al gobierno.
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“Si llegamos al lunes y vemos que no se emiten los oficios de prórroga y no llegamos a un acuerdo para presentar modificaciones al Congreso, estaremos promoviendo los amparos antes del término establecido. Vamos todas las empresas”, aclaró.
La ejecutiva indicó que también se solicitó que el contrato con Eco’Ox, sea transparentado, a fin de conocer sus términos y el costo de la concesión.
Mañana habrá una reunión con la Coparmex e integrantes de la XV Legislatura para tocar el tema.
Por separado, el Observatorio Ciudadano hizo una puntualización sobre el caso, al detectar que lo aprobado por el Cabildo y lo avalado por el Congreso, es distinto y acusó que, como ocurrió con el tema de la exención en el pago de impuestos a casinos -ya revocado- “nuevamente la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública efectuó un cambio en la propuesta originalmente presentada”.
La agrupación consideró que deben transparentarse el procedimiento de adquisición y el origen de los recursos para la compra de los 200 mil contenedores.
En ese mismo tenor, el Observatorio Municipal “Cancún Observa”, responsabilizó a la Comisión de Hacienda en el Congreso, presidida por el diputado, José de la Peña, el haber introducido indebidamente modificaciones al dictamen de la Ley de Hacienda aprobado por el Cabildo, añadiendo la figura de renta de “contenedores”, no contemplada por el ayuntamiento.
afcl
