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Juchitán.— El sacerdote Alejandro Solalinde reveló que a partir del próximo 2 de agosto el gobierno le retirará la escolta que cuida de su seguridad desde el 20 de marzo de 2010, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, pidió a las autoridades que le otorgaran la protección, ante una serie de amenazas que había recibido por su labor en la defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Solalinde es fundador del albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec, donde los migrantes de Centroamérica hallan refugio para recibir alimentos, hospedaje y medicinas, así como asistencia legal, lo que motivó que recibiera amenazas de muerte y de incendiar el inmueble, lugar que los centroamericanos llaman “el paraíso” en su viaje a la frontera norte.
El sacerdote reveló que el pasado 11 de julio, en una reunión realizada con personal del programa de Medidas Cautelares, le informaron que a partir de agosto ya no contará con el personal que cuida su seguridad y tampoco tendrá a su disposición el vehículo donde se transporta.
“No voy a impugnar la medida. Sólo sé que volveré a ser más vulnerable ante las amenazas de los que trafican y secuestran con los indocumentados. Voy a adaptarme a la nueva realidad y que Dios siga protegiendo mi misión”, comentó.
Precisó que le van a retirar la protección porque “ya no ha recibido amenazas de muerte”, dijo entre risas por el argumento que le dieron las autoridades.
Desde el inicio de los flujos masivos de migrantes centroamericanos, Solalinde Guerra criticó duramente la política migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). La calificó como fallida y que además facilitó que el gobierno de Donald Trump le impusiera a México el uso de la Guardia Nacional en la frontera norte y sur de nuestro país.
En un documento, se consigna que “respecto a la medida consistente en [un] esquema de escolta otorgada por la Fiscalía General de la República en favor de Alejandro Solalinde Guerra, así como del vehículo proporcionado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se percibe que al no identificar un interés alto en la persona evaluada, así como una actividad adicional que lo coloque en una situación mayor de vulnerabilidad, no se observó una intencionalidad de causar un daño, por lo que no se considera una medida idónea para el riesgo actual en el que se encuentra”.
Además, se pide a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) que mantenga la vigilancia en el albergue y se solicita a la policía municipal de Ciudad Ixtepec que continúe con los rondines de vigilancia en las inmediaciones del albergue, donde además se ordenó que se refuerce la infraestructura.
“No me siento mártir, pero como sacerdote debo aceptar todas las limitaciones. Seguramente sin la escolta voy a reducir a una tercera parte mi ritmo de trabajo, porque no tengo ni dinero para comprarme un vehículo, pero no me siento molesto. Voy a seguir en la defensa de los derechos humanos de los migrantes”, puntualizó Solalinde.