Más Información
8 rutas de Mexicana de Aviación dejarán de operar a partir del 6 de enero; se desconocen motivos de su cese
Detienen al alcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; tiene carpetas de investigación por desaparición de personas y homicidio
Propondrán nombrar a Felipe Calderón y Vicente Fox personas no gratas en Venezuela; les prohibirían la entrada al país
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) acusó que la violencia que se vive en el país es el resultado de no decidir enfrentar a la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado mexicano.
En mensajes en su cuenta de Twitter, los mandatarios panistas expresaron que no es momento de politizar el combate a la inseguridad, pues el abandono de la neutralidad no le sirve al país.
Agregaron que cada nivel de gobierno debe asumir su responsabilidad legal y operativa, pues “urge coordinación y hacer un genuino esfuerzo nacional”.
Definieron que el asesinato de un juez federal y su esposa en Colima, así como la violencia en Guanajuato y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, alertan sobre un desafío mayúsculo que enfrenta el Estado sobre la necesidad inmediata y urgente de redefinir la estrategia de seguridad con objetivos y acciones.
Los panistas resaltaron la importancia de garantizar la protección a familias y servidores públicos que demandan “un ejercicio de unidad, responsabilidad y coordinación.
“La unidad sólo puede lograrse recuperando la neutralidad política que debe sustentar las acciones contra el crimen. La politización a nadie, salvo a los criminales, beneficia. La responsabilidad para que cada nivel de gobierno asuma de cara a la nación el cumplimiento de su deber. No debemos olvidar que cada uno tiene un mandato legal y que, en él, el combate al crimen organizado compete al gobierno federal, no a los estados”, describen.
Advirtieron la necesidad de atender los reclamos de la sociedad, los estados y sus gobiernos por igual, “más allá de militancias, con oportunidad, eficiencia y suficiencia de recursos” y señalaron que los gobiernos estatales son coadyuvantes, pero la capacidad técnica, operativa y financiera para doblegar a la delincuencia organizada recae en la autoridad federal”.