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Chilpancingo.— “La escasez ya comenzó, la gente empezó a buscar el gas en otros municipios, porque ahí no lo están vendiendo ni en los carros”, dice un vecino del municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero.
Desde el sábado, empresas gaseras de Zihuatanejo suspendieron la venta del gas LP por supuestas amenazas de organizaciones criminales.
Según testimonios de empresarios y pobladores de Zihuatanejo, el sábado pasado las tres gaseras (Gas Mundial, Gas Express Nieto y Global Gas) comenzaron a recibir mensajes y llamadas para exigir el pago de la cuota de presuntos integrantes de organizaciones criminales locales.
Como medida de precaución pararon los camiones repartidores y suspendieron el servicio en las estaciones de distribución.
Este lunes, contó un poblador, en una de las estaciones desde muy temprano, decenas de personas estaban haciendo fila con sus cilindros para rellenarlos, ante la falta de distribución.
Según reportaron vecinos y empresarios, ayer, una de las tres gaseras reanudó el servicio de distribución del gas LP; sin embargo, no está cubriendo la demanda. Un vecino contó que muchos están comenzando a irse al municipio vecino, Petatlán, a conseguir el gas.
Empresarios alertaron que la suspensión de la venta del gas LP comenzará a generar un desabasto que provocará una crisis en hoteles, restaurantes, tortillerías y en todo el sector turístico.
Un crimen que no termina
El último capítulo de extorsión en Zihuatanejo ocurrió en noviembre de 2022, cuando dos establecimientos de tortillas fueron atacados: a uno le lanzaron una bomba molotov y en otro le dispararon a una de las empleadas. Dichos ataques fueron porque los propietarios de las tortillerías se negaron a pagar la extorsión que le exigía una organización criminal.
Esos ataques se conocieron a través de un video que se difundió el 10 de noviembre; ahí se ve cómo llega un hombre al mostrador de una tortillería y pide que le despachen. Cuando la trabajadora está distraída, el hombre ingresa al negocio y saca de una mochila una bomba molotov, la prende y la arroja a la maquinaria.
En mayo del año pasado, tras el ataque y quema de dos unidades del transporte público, choferes suspendieron por cuatro días el servicio.
En tanto, en junio, unas 50 tortillerías cerraron durante tres días debido a que recibieron amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales.
En julio, otra vez los criminales intentaron extorsionar a los transportistas, pero esta vez la exigencia fue más hostil: asesinaron a un chofer y quemaron dos unidades. Los transportistas suspendieron el servicio por falta de garantías de seguridad.
El gobierno anunció una operación entre militares y agentes estatales. Los transportistas retomaron el servicio, pero apenas iban unas horas, cuando en pleno centro de Zihuatanejo hombres armados detuvieron una unidad, bajaron a los pasajeros y le dispararon en la cabeza al chofer.
Después, cerraron las casas de venta de materiales para la construcción. El mismo motivo: si no pagaban, los atacaban.
En septiembre cerraron 23 tiendas Oxxo en Zihuatanejo y Petatlán. El cierre ocurrió después del ataque a una empleada que se negó a entregar el dinero a un delincuente. Desde septiembre, la seguridad en Zihuatanejo está a cargo de la Marina, pero las extorsiones continúan.
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