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Cancún.- La titular de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, afirmó que en la entidad está garantizado el derecho a la protesta y ofreció a las víctimas de diversos delitos como desaparición de personas, violencia sexual e institucional, con quienes se reunió anoche, trabajar conjuntamente en protocolos de actuación policial.
La postura fue fijada por la funcionaria como una de demanda presentada, específicamente, por la abogada Fabiola Cortés, presidenta de “Somos Tus Ojos”, quien brinda acompañamiento a víctimas de desaparición y violencia sexual, la cual participó en el encuentro celebrado en el Palacio municipal de Cancún.
La activista pidió una “posición clara” de Torres Gómez respecto a una declaración que le fue atribuida a la funcionaria por un medio de comunicación, consistente en que “no se tolerarían más manifestaciones” en la entidad.
Cortés Miranda afirmó que ello ponía “en altísima vulnerabilidad” a la gente que hace uso de su legítimo derecho a la protesta, medida a la que las víctimas recurren “no por gusto”, “no por el deseo de alterar el orden”, sino “porque las autoridades no nos dejan otra salida”.
Su dicho fue respaldado por Wendy Galarza, del Comité de Víctimas del 9N, también presente en la reunión, quien dijo que la petición era coincidente entre los grupos asistentes.
La funcionaria aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto, por lo cual pidió el derecho de réplica al medio de comunicación que incurrió en ello, lo cual propició que la nota fuese retirada.
“La garantía de libre manifestación la tienen y lo declaramos, no hay ningún problema, pero quiero precisar que esa fue una nota tendenciosa y falsa y el medio lo aclaró después”, sostuvo, al señalar que cuenta con la prueba sonora de lo que en realidad declaró.
Cortés Miranda dijo que más allá de ello, cada vez ha sido más evidente el ánimo de los cuerpos policiacos por reprimir a las y los manifestantes de cualquier causa.
Juan Evangelista May, un indígena maya que busca a un familiar desaparecido, recordó lo ocurrido en octubre pasado, cuando policías reprimieron a madres buscadoras del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” en Chetumal.
“Acordamos con gusto y armamos un protocolo adecuado y correcto, sin problema. De hecho ya estamos trabajando en ello y en cómo se debe hacer el acompañamiento para evitar que los que van circulando les echen encima los autos. Sin problema, esa es la postura”, reiteró Cristina Torres.
El antecedente: Un bloqueo en zona hotelera
El encuentro fue resultado del bloqueo realizado por integrantes del Comité de Víctimas 9N, que se conformó a partir de la represión policial de la noche del 9 de noviembre del 2020; madres buscadoras, víctimas de violencia sexual y socios operadores de Uber, el pasado ocho de noviembre en la zona hotelera de Cancún.
La manifestación pacífica estuvo a punto de salirse de control, cuando ciudadanía desesperada por la interrupción del tráfico, increpó a integrantes del Comité del 9N, culpándoles de la afectación a las y los trabajadores, sin comprender que las protestas son una reacción ante las autoridades que no solucionan las problemáticas que, en estos casos, son de altísima gravedad, pues cruzan la vida y seguridad de cientos de víctimas.
Las agresiones físicas e insultos en contra de quienes protestaban fueron atestiguadas por la policía municipal, que se centró en maniobrar las labores de tránsito, pero no en proteger la integridad de quienes haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, estaban en riesgo.
Al sitio llegó el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez, a quien se solicitó la presencia de la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta.
Si bien la munícipe no acudió, por conducto del encargado de la política interna de la comuna, ofreció recibirles para una reunión de trabajo que permitiese escuchar sus demandas y aportar soluciones conjuntas, la cual se concretó anoche.
Los acuerdos: Revisión de carpetas
La reunión se realizó a las 19 horas y concluyó tres horas después, con cuatro acuerdos centrales para los temas expuestos por las madres buscadoras y las víctimas de delitos sexuales.
El primer acuerdo fue, precisamente, la construcción de protocolos de actuación con las víctimas, para garantizar la libre manifestación y el derecho a la protesta.
Los otros tres versaron sobre la gestión hecha, ahí, en lo inmediato, por Cristina Torres, para agendar reuniones con el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Raciel López –el miércoles 13 de noviembre– y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Heyden Cebada, para revisar carpeta por carpeta.
Deysi Blanco, madre de Fernanda Cayetana Canul, adolescente desaparecida en la zona continental de Isla Mujeres en el 2022, pidió que en las reuniones estuviese presente la gobernadora, “Mara” Lezama, pero las autoridades le respondieron que ella no tiene facultades en materia de investigación.
Juan Evangelista y Claudia Canché, madre de una víctima de diversas violencias, a quien además su victimario le arrebató a golpes a su hijo, intervinieron para expresar que la titular del Ejecutivo estatal debe escuchar de viva voz estos casos y enterarse “de que no todo es tan bonito como ella piensa”.
En respuesta, Cristina Torres propuso que, una vez celebradas las reuniones de trabajo con el fiscal y el presidente del TSJ y revisados los expedientes, se podría agendar una reunión con Lezama Espinosa “ya con una ruta armada y avances concretos”.
Se pactó también una junta de trabajo con el titular del Instituto de Movilidad del estado (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar y socios operadores de Uber, para solucionar la persecución, agresiones y hostigamiento que sufren por parte de conductores de taxis, bajo el presunto amparo del instituto.
9N, entre la represión policial y tortura institucional
En paralelo se lograron ocho acuerdos entre el gobierno municipal y el Comité de Victimas del 9N, quienes revisaron los puntos de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO) giró al ayuntamiento el 30 de noviembre del 2020, sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra, al menos 13 personas, por policías municipales que abrieron fuego contra una manifestación ciudadana por el feminicidio de Bianca Alejandrina, “Alexis”.
“La recomendación no está cumplida”, les dijo Julián Ramírez, quien junto con Wendy Galarza y Mariana Oronzor, desmenuzaron punto a punto durante una hora 40 minutos en promedio, cómo después de los agravios cometidos en su contra, hubo innumerables omisiones, dilaciones y negligencias.
Como responsables de esa violencia institucional, mencionaron al ayuntamiento, a la FGE –que integró las carpetas de investigación con delitos de menor gravedad– al Congreso del estado y la CEDHQROO, que dieron por cumplida extemporáneamente la recomendación; y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo)
Todo ello mantiene el caso impune, sin un solo policía en la cárcel, sin que se procediera administrativamente contra ellos, con la interrupción de los servicios médicos, psicológicos, psiquiátricos y de fisioterapia que correspondían; y sin una reparación del daño a satisfacción, que incluye un monumento contrario a la magnitud de lo ocurrido, una disculpa pública y una declaración del Día para recordar la fecha, contrarios a lo que sucedió y se asentó en la recomendación.
Cristina Torres aclaró que, jurídicamente, la recomendación se dio por cumplida a través de otros actores, pero agregó que ello no significa que no pueda revisarse y replantearse a satisfacción de las víctimas mediante un proceso de construcción conjunta que permita corregir –en la medida de lo posible y conforme a facultades de cada autoridad– los errores cometidos.
Remarcó la pertinencia de no estancarse en los obstáculos que las víctimas enfrentaron en el pasado, sino aprovechar la disposición actual para encontrar soluciones que permitan resolver y abrir cauces al acceso a la justicia.
La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, secundó y se dijo abierta al diálogo, en un marco de respeto; y dispuesta a la construcción y mejora de protocolos de actuación para garantizar el derecho a la protesta, que ya existen.
Reparación del daño, nuevas disculpas públicas y monumento
Así, se acordaron ocho puntos: El diseño del nuevo monumento conmemorativo de los hechos ocurridos el 9 de noviembre del 2020; la revisión de carpetas de investigación y de los dictámenes de reparación del daño, entre ellos el de Wendy Galarza.
La redacción conjunta de la disculpa pública por parte de Peralta de la Peña, quien no gobernaba en ese momento, pero representa hoy a la institución que cometió la grave violación de los derechos humanos aquella noche. La munícipe se dijo dispuesta a ofrecer esa disculpa.
El pago por reparación de daños a María Oronzor, víctima de tortura sexual, a quien Ceaveqroo no solo no le ha liberado ningún pago desde hace tres años, sino a quien revictimizó, obstaculizando sus derechos, sino que la obligó a firmar un documento en el que aceptaba una cantidad que presuntamente no correspondía.
Además, se instruyó que se retomara el financiamiento para la atención psiquiatra y de fisioterapia de Julián Ramírez; y el registro como víctima de una joven llamada Karen, quien fue excluida inicialmente del listado de 13 personas agraviadas, y que tampoco se incorporó después, pese a mediar un acuerdo oficial para ello.
Y consultar el estatus de las responsabilidades administrativas de los policías involucrados en el ataque armado en contra de la ciudadanía, para proceder en consecuencia. Adicionalmente se solicitó que se facilite al Comité, participar en algún proceso, de discutirse alguna iniciativa para la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
afcl/LL
