Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ganaderos y transportistas se sumaron a familiares de personas desaparecidas y denunciaron acoso y robos por parte de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Durante una reunión con autoridades estatales y municipales, los afectados detallaron que personal federal comete abusos, incluyendo robos de ganado y objetos personales, además de violaciones al derecho constitucional al libre tránsito.
El martes, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal militar paralizaron el Puente Internacional 3 “Del Comercio Mundial” durante más de ocho horas, en un acto de protesta para exigir respuestas sobre los abusos y crímenes perpetrados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.
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Por ello, se reunieron con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y representantes del gobierno estatal, con el objetivo de denunciar los abusos que afectan tanto a civiles como a trabajadores del campo en la región.
Francisco Mondragón García, Arturo Carlos Santiago, Juan Estrada y Amado Cano, conductores de tráiler, señalaron que en el kilómetro 26, existe un retén militar que los detiene ilegalmente, les roban dinero y objetos personales, además de abrir las cajas de los camiones para revisar mercancías, lo que les genera pérdidas económicas y complicaciones legales.
Solicitaron que el retén sea retirado, ya que su presencia vulnera el derecho constitucional al libre tránsito.
Edgardo Netro Acuña, asesor jurídico de las víctimas, detalló que en la zona rural, en la brecha que conecta con el ejido Vicente Guerrero, se ha reportado la presencia de un grupo de militares que están sometiendo a los residentes de los ranchos a constantes revisiones, intimidaciones y hasta interrogatorios.
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Los afectados, que son en su mayoría ganaderos y trabajadores del campo, denunciaron que los militares, además de revisar vehículos y celulares, los acusan de portar armas ilegales cuando en realidad las que poseen están registradas, ya que son una herramienta necesaria en la zona rural.
Ante la creciente preocupación, se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación sobre la identidad de los militares involucrados y su presencia en una zona alejada y sin justificación clara.
La respuesta del gobierno local fue comprometerse a realizar las indagatorias necesarias, aunque sin ofrecer detalles sobre plazos específicos para esclarecer estos hechos.
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