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Como un tinaco con múltiples agujeros por donde se está fugando constantemente el presupuesto público, así es como Marco Antonio Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, e investigador adscrito a México Evalúa, describe el “serio problema de corrupción e impunidad”, que permite que los gobiernos estatales se manejen en opacidad y se dé un mal uso de los recursos federales.
Consultado por EL UNIVERSAL respecto a las observaciones por más de 213 mil 359 millones de pesos que arrastran sin solventar las 32 entidades desde la Cuenta Pública de 2012, el investigador señala que aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza año con año su función, existen “cadenas de complicidad, omisiones y falta de profesionalización de las autoridades encargadas del seguimiento”.
El investigador explica que una vez que la Auditoría hace las observaciones al ejercicio de los recursos, los gobiernos estatales tienen seis meses para solventarlas y aclarar cómo se ocupó el dinero, si no lo hacen, la ASF puede presentar denuncias ante autoridades administrativas o denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Esa instancia, señala, es la que queda a cargo de allegarse de nuevos elementos para complementar la investigación que inicia la Auditoría, la cual “desafortunadamente no tienen los mejores resultados”.
Marco Antonio Fernández señala que la mayoría de las denuncias penales que ha presentado la ASF siguen en investigación, con el peligro de que los delitos preescriban, o la PGR no logra acreditar ante un juez las responsabilidades penales de funcionarios y particulares involucrados en los probables desvíos, por lo que se caen la denuncias. “Esto significa que se perpetúa un círculo perverso de impunidad” porque la probabilidad de sufrir un castigo, como se ha observado en los últimos 20 años, es muy poca”.
Ante este escenario, el catedrático indica que no es sorpresa que año tras año sigan sucediendo estos hechos porque las personas y funcionarios que participan en estas “redes sofisticadas de corrupción” se dan cuenta de que “puede ser tempestad mediática de algunos días, pero bonanza económica de muchos años.
“Son deficiencias de múltiples instituciones que deberían complementar los hallazgos de la ASF, por ejemplo, la PGR y las procuradurías locales, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (de la SHCP) y la Secretaría de la Función Pública, que tampoco ha dado seguimiento a muchas de las denuncias”.
A lo anterior, el investigador agrega que los alcances de la Auditoría son insuficientes, pues las multas administrativas que puede establecer son “irrisorias dado los tamaños de afectación al erario”, algo que trató de subsanarse mediante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero que fue frenado por legisladores.
“No es solamente que las multas son irrisorias, sino que además no se cobran, es un problema de eficacia del SAT, que es la entidad que debe cobrarlas y no lo hace”.
El académico indica que este escenario adverso debería cambiar, pues en el marco del SNA ahora la ley establece que cuando se trate de faltas administrativas graves, será la propia Auditoría quien deberá dar seguimiento a los casos.
