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Aguascalientes
.— El gobierno municipal de esta ciudad, encabezado por la panista María Teresa Jiménez Esquivel, sostiene de un hilo el contrato para el manejo, uso y destino de la basura , asignado hace 19 meses a la empresa PIMSA , propiedad de Diego García Coudurier, en una Asociación Público Privada (APP) que carece de validez legal.
La fallida adjudicación en la contratación para la prestación de servicios del Centro Integral de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos del Relleno Sanitario ya tuvo consecuencias, puesto que ha propiciado el mal manejo de los desperdicios y daño ambiental en el relleno sanitario San Nicolás, señalan expertos.
PIMSA nunca prestó el servicio y, por lo tanto, no construyó la planta recicladora pactada con la autoridad municipal. Tampoco procesó una sola de las mil 200 toneladas de basura que se generan diario en el municipio.
Grave problema de contaminación
Tomas fotográficas a través de un dron pusieron al descubierto las afectaciones al suelo por escurrimientos de líquidos contaminantes. Además, en el perímetro se observó basura flotando en el aire por falta de compactación.
La ecologista Gina Ventura Ramírez, rectora del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Postgrado (Imep), señaló que hay muchas partes de geomembranas rotas, lo que genera escurrimientos de lixiviados, que son jugos que se hacen cuando se descompone la basura.
El relleno sanitario enfrenta dos procedimientos jurídico-administrativos por parte de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, uno de 2018 y otro de 2020, por riesgos y daños ambientales. La dependencia le impuso clausuras en algunas de sus etapas y realizó recomendaciones para evitar que los lixiviados se sigan escurriendo hacia los terrenos aledaños al depósito.
Julio César Medina Delgado, secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del gobierno del estado, expuso que el descuido de la autoridad municipal originó que no se diera la compactación apropiada de la basura, con escurrimientos de lixiviados sin control.
Precisó que en los procedimientos jurídico-administrativos se indicaron tareas de remediación y se pretende que se vuelvan a tomar los modelos de acción que llegaron a posicionar a Aguascalientes con un relleno sanitario ejemplar.
La prestación de servicios de la Centro Integral de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos del Relleno Sanitario, bajo la modalidad de APP, tenía como fin la modernización operativa del basurero y ampliar su vida útil.
Se buscaba separar la basura que sí tiene un valor —como los plásticos y el papel— de la que no lo tiene, y así reciclar 70% del volumen y enterrar el restante.
La suspensión del proyecto aceleró los preparativos de una sexta etapa, que alcanzará para enterrar la basura en los terrenos del relleno durante seis años.
“Todo fue un show”
El 8 de marzo de 2019, la administración municipal de la alcaldesa Teresa Jiménez emitió el fallo de la contratación para la prestación de servicios de ese centro a favor de la empresa Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos, S.A. de C.V. (PIMSA), en la licitación LP-PPS-001-19.
“El empresario lo único que haría es cobrar por la basura de Aguascalientes, separarla para venderla y convertirla en energía, que ofertaría al municipio.
“Es un negocio redondo”, detalló la regidora priista Citlalli Rodríguez González.
Consideró que la licitación para la contratación de servicios del centro integral fue un show para beneficiar a un empresario que bajo otros nombres ha operado en diferentes municipios gobernados por panistas, como Mérida, Yucatán; Benito Juárez, Quintana Roo; San Miguel de Allende, Guanajuato, y la ciudad de Querétaro, “donde no ha hecho su chamba y hasta ha generado contingencias ambientales.
“Desde su inicio, el proceso venía con muchas irregularidades, con mucha opacidad, no se publi citó la convocatoria, la licitación estuvo amañada, las empresas que se presentaron a competir, excepto una, eran del mismo dueño que estaba atrás: el empresario Diego García Coudurier”, indicó Rodríguez González.
El fallo de la adjudicación de la planta se entrampó cuando la empresa Tecnosilicatos de México, S.A. de C.V., participante en el concurso, impugnó el procedimiento ante la Sala Administrativa del Poder Judicial local, al detectar que García Coudurier tenía relación como accionista en otras de las empresas que compitieron, lo que es ilegal.
La regidora señaló que este proceso ha costado dinero a las arcas públicas, cantidades que la administración municipal no ha transparentado.
La contratación para la prestación de servicios del centro integral fue aprobada por el ayuntamiento, con Teresa Jiménez al frente, y por la pasada Legislatura del Congreso local.
Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos, S.A. de C.V., obtuvo una resolución favorable en el procedimiento de impugnación en la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, pero no logró el reconocimiento ante la Secretaría de Hacienda, que en junio pasado rechazó el registro de la asociación público privada.
La alcaldesa Teresa Jiménez no se conformó con la determinación de la dependencia federal y el pasado 12 de octubre pidió a sus secretarios realizar un análisis de las observaciones de Hacienda y los pasos a seguir.
Miriam Rodríguez, secretaria de Servicio Públicos del municipio, detalló que se tendrán que estudiar las incongruencias detectadas por Hacienda, una por una, para identificar si son por parte del empresario o del municipio, y ver si es factible solventar lo que se pide.
La funcionaria aseguró que el municipio no pagó nada a la empresa PIMSA y no tendría por qué pagarle en caso de determinarse de manera definitiva que no va la construcción de la planta de valorización.
La funcionaria afirmó que han solventado casi 100% las recomendaciones de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, a la que le presentaron un plan de trabajo para solventar las observaciones y les levantó la clausura.
EL UNIVERSAL buscó la postura de la alcaldesa de Aguascalientes sobre los señalamientos de irregularidades en el proceso de lititación, a lo que su oficina respondió: “Ese proyecto ni siquiera fue timbrado por la Secretaría de Hacienda, así que no hay ninguna vinculación administrativa ni de ningún tipo”.
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