Guadalajara.— Las reformas legales implementadas en Jalisco para tratar de tipificar la violencia vicaria no han dejado conforme a nadie, incluso la diputada que presentó la iniciativa que se trabajó desde 2021 ha reconocido que las enmiendas quedaron cortas, pero por ahora es lo que se puede legislar para poner el tema en la discusión pública.
Por un lado, las mujeres que impulsaron la legislación e incluso ayudaron en su cabildeo con las diferentes fuerzas políticas del Congreso local, advierten que más allá de haber sustituido el término de violencia vicaria por el de violencia cometida por interpósita persona, la redacción de las reformas abre la puerta para que se trate de un delito que no sólo se comete en contra de mujeres.
Asimismo, los colectivos —en su mayoría conformados por varones— que se oponen a las legislaciones que de alguna manera favorecen a las mujeres, consideran que este tipo de reformas imponen una desigualdad jurídica para los hombres, que sólo pueden combatir promoviendo el cambio legal de género para estar en igualdad de circunstancias ante la ley.
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Violencia vicaria o por interpósita persona
Blanca Paredes es abogada y una de las impulsoras de las reformas para tipificar la violencia vicaria en Jalisco porque la ha padecido; explica que el concepto de violencia vicaria fue acuñado en 2012 por la sicóloga argentina Sonia Vaccaro, para definir el tipo de violencia ejercida por los hombres hacia los hijos de una mujer para dañarla a ella.
“En México hay estados que deciden no denominarla violencia vicaria, sino ‘por interpósita persona’, pero... se refiere a esa violencia que se ejerce en contra de las mujeres utilizando a los menores como si fueran un objeto para dañarlas a ellas”, señaló.
Indicó que en algunos artículos reformados en Jalisco, sobre todo en los de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sí se indica que se trata de un delito cometido contra mujeres, pero en otros, como los referentes al Código Penal o Civil, la redacción abre la puerta a que se considere que también se puede cometer contra los hombres.
“Los argumentos de quienes se oponen son que hay discriminación hacia los hombres, que se da un trato desigual hacia ellos, pero este argumento se acaba sencillamente porque se trata de una medida temporalmente necesaria, como lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir que se tiene que legislar para que se pueda regular esta situación y en el momento en que ya no haya violencia vicaria o violencia por interpósita persona, o cuando haya igualdad de casos cometidos por hombres o mujeres, en ese momento se termina la medida y ahora sí se regula para ambos”, refirió.
Desde su perspectiva, en las reformas hay otro elemento que impide la contención y erradicación de la violencia, pues mientras que en la propuesta original se establecían apenas de seis meses a cuatro años de prisión para quien la cometiera, el texto final establece que “el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima”.
Paredes afirma que vendrán impugnaciones a través de amparos individuales, pero también señala que hay colectivos que esperan el próximo cambio de legislatura para impulsar una contrarreforma.
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“Entonces seamos mujeres todos”
Cristian Montenegro es un abogado con diversas maestrías y aunque no se asume como mujer ni como parte de la comunidad LGBTIQ+, desde hace más de un año cambió legalmente su género como estrategia jurídica para “igualar la ley ante la discriminación que hay hacia los hombres”; en su opinión, las reformas aprobadas en Jalisco protegen únicamente a las mujeres, aunque se logró que no den altas penalidades.
“Lo grave de la reforma es que sí queda que en automático se le regrese la custodia del menor a la mujer, es por eso que después se inició con esta estrategia de cámbiate de género, de esa manera estamos iguales y así, si soy mujer legalmente en el momento que yo denuncie violencia a través de interpósita persona, pues me tendrían que regresar a mi hijo”, indicó.
Dijo que a partir de estudiar el caso de Ociel Baena, Le Magistrade, primera persona no binaria con una magistratura en el país, se le ocurrió utilizar el cambio legal de género como un camino para acceder a cargos que sólo se abrían para mujeres, pero el tema empezó a impactar en otros ámbitos, como el familiar.
Asegura que la ley de violencia por interpósita persona no sólo discrimina a los hombres, sino también a la comunidad LGBTIQ+, y se pregunta hacia dónde se inclinaría la balanza en el caso de dos personas homosexuales involucradas en un caso de este tipo de violencia.
“De eso se trata esa estrategia, de empezar a visibilizar que ya hay una desigualdad jurídica tremenda, porque en Jalisco hay un ‘predial rosa’ para las madres solteras, hay apoyos para mujeres emprendedoras, y pues también hay padres solteros y también hay hombres emprendedores”, dijo.
Montenegro forma parte del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, conformado en su mayoría por hombres, y asegura que debido a la postura de la SCJN en torno a las legislaciones de violencia vicaria o por interpósita persona, sería infructuoso promover una acción de inconstitucionalidad contra las reformas en Jalisco.
Dice que en Durango, Chihuahua y Nuevo León la estrategia de cambio legal de género ha permeado más y sólo en Nuevo León cerca de 18 mil hombres lo han hecho y en el caso de Jalisco, Montenegro afirma que son más de dos mil hombres.
Se legisló lo que se pudo
Como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género del Congreso de Jalisco, desde 2021 la diputada María Dolores López Jara convocó a mesas de trabajo con organizaciones, colectivas y otras instituciones para sacar adelante una propuesta legislativa que tipificara la violencia vicaria e impusiera penas a los agresores.
En agosto de 2022 la Coordinación de Procesos Legislativos recibió una iniciativa en la que avanzó hasta su primera lectura, pero con el inicio del proceso electoral cayó en esa especie de limbo creado por los políticos para meter los temas que consideran sensibles mientras hacen campaña.
Ante la dilación, varios grupos de mujeres ejercieron presión y el 30 de mayo pasado 15 de ellas iniciaron una huelga de hambre afuera del Congreso; el 5 de junio, después de la elección, los diputados decidieron discutir la propuesta presentada, pero sustituyeron el término de violencia vicaria por el de violencia cometida por interpósita persona y quitaron la prisión como medida punitiva.
“Era una iniciativa en la que se venían capturando y exponiendo muchos de los preceptos a nivel internacional, pero tuvimos mucha oposición, por lo que llevamos a cabo, durante más de un año, meses de trabajo y de diálogo, estuvimos conversando con instituciones de protección de los derechos superiores de las infancias, hicimos el trabajo de cabildeo y al final la resistencia mayor en el Congreso fue que a nivel federal no estaba legislado y debíamos esperar una línea a nivel federal para poder homologar la ley”, explicó López Jara.
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Señaló que al final, tanto mujeres que impulsaron la iniciativa como hombres que se oponían no quedaron conformes con lo aprobado, pero se buscó un equilibrio.
“Para las mamás de los colectivos nos quedamos muy cortos porque no quedó cómo un delito autónomo y no se puso de manera explícita que es solamente un delito contra mujeres; y para los otros colectivos, pues nos vimos muy cargados hacia el lado de las mujeres”, señaló.
La legisladora reconoció que está de acuerdo con la postura de los colectivos de mujeres, pues la experiencia y las estadísticas revelan que la mayoría de las personas que padecen este tipo de violencia son mujeres; sin embargo, precisó que como representante social está obligada a escuchar los argumentos de quienes no están de acuerdo y buscar los equilibrios.
“Si bien la primera propuesta que presentamos fue en la que más estuvimos arrastrando el lápiz, al final pensamos que sí era importante tomar en cuenta la legislación nacional y, bueno, pues a pesar de ser un una iniciativa tan debatida, pues tendríamos que dejar las bases mínimas, y esta ley nos abre la puerta para que sea progresiva”, dijo.
Finalmente consideró que “artimañas” como el cambio legal de género que han hecho algunos hombres para acogerse a los términos de esta reforma y exigir la custodia de sus hijos o hijas, no abona en nada a resolver el problema y sólo daña a las niñas, niños y adolescentes que se ven envueltos en una situación de violencia vicaria.
