La Fiscalía de Nayarit intenta procesar por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones al magistrado Raymundo García Chávez , adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del estado, por lo que este martes solicitó al Congreso local la declaración de procedencia contra el funcionario.
Irma Carmina Cortez, fiscal especial anticorrupción, explicó que la investigación contra García Chávez comenzó el 14 de marzo de 2018, cuando se interpuso una denuncia en su contra.
Desde entonces se han inspeccionado 24 inmuebles que presuntamente son propiedad del magistrado, se catearon 13 de ellos y se aseguraron 10; además se tienen constancia de que es dueño de 29 vehículos y se investigan sus cuentas bancarias.
En agosto de 2017, EL UNIVERSAL documentó que “Mundito” –como se le conoce al magistrado en Nayarit– posee al menos 13 propiedades en la capital del estado, todas ellas a nombre de su madre, Juventina Chávez Martínez.
De esas propiedades, entre las que se encuentran terrenos en fraccionamientos privados y residencias, 10 fueron adquiridas en un solo día, el 12 de julio de 2013, según documentos obtenidos en la Dirección de Catastro de Tepic.
La investigación de la Fiscalía nayarita incluye la presunta participación de los padres del magistrado, Juventina Chávez Martínez y Raymundo García Guzmán, en los mismos ilícitos.
Gracía Chávez también es considerado uno de los hombres de confianza del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y desempeñó varios cargos en la administración estatal; entre febrero y junio de 2017 ocupó un escaño en el Senado como suplente del priísta Manuel Cota, quien solicitó licencia al cargo para competir por el gobierno de Nayarit.
Al igual que a otros de sus colaboradores cercanos, como el exfiscal Édgar Veytia –hoy preso en los Estados Unidos acusado por narcotráfico– o el exauditor del estado, Roy Rubio –preso en Tepic y vinculado a varios procesos–, Sandoval Castañeda otorgó a García Chávez una patente notarial en enero de 2016; meses después impulsó su nombramiento como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, uno de los pocos cargos que conservó el fuero tras la enmienda aprobada por la actual legislatura estatal para eliminar esa figura.
Después de recibir la solicitud para la declaración de procedencia, el presidente del Congreso, el panista Leopoldo Domínguez, explicó que se trata de un proceso que puede durar hasta tres meses.
Por su parte, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, afirmó que este caso no se trata de un tema político ni de una revancha, sino de legalidad, pues hay datos de prueba y evidencia suficiente para presumir que el funcionario cometió los delitos que se le busca imputar.
“Lo que pasó en Nayarit no puede volver a ocurrir, hubo latrocinio en el ejercicio gubernamental”, insistió el fiscal.
afcl