La fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, lamentó que la justicia federal haya determinado como ilegal la aprehensión de la jueza Angélica Sánchez Hernández, supuestamente por haberse violado un amparo contra toda orden de aprehensión y adelantó que recurrirán al Recurso de Queja.
La funcionaria explicó que el amparo concedido a la jueza, señalada de pretender liberar ilegalmente a un detenido, fue un 9 de junio, cuando aún no existía orden de aprehensión en su contra.
"Ello es claramente ilegal, pues en el juicio de amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos", expuso.
En un mensaje en sus redes sociales, recordó que la orden de aprehensión fue emitida el 16 de junio de 2023; es decir, 7 días después que un juez federal había concedido un amparo.
La fiscal manifestó que es evidente que la suspensión provisional sólo la protegía contra actos emitidos hasta la fecha de la presentación de su demanda de amparo; es decir, antes del 9 de junio de 2023, y no contra aquellos actos que fueran dictados con posterioridad al otorgamiento de la suspensión.
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"Por estas razones, la Fiscalía General del Estado combatirá esa resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la Ley de Amparo para que sea revisada por un Tribunal Colegiado de Circuito", adelantó.
Y dijo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos, en los que presuntamente está involucrada la togada.
La jueza veracruzana, quien fue detenida por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia y permanece bajo resguardo domiciliario, obtuvo a su favor un incidente al comprobarse supuestamente que fue aprehendida ilegalmente debido a que contaba con un amparo contra toda orden de aprehensión.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito del Estado de Veracruz echó abajo todo el proceso legal en contra de la ahora exfuncionaria judicial, desde su aprehensión, vinculación a proceso y la imposición de medida cautelar de resguardo domiciliario y pago de un millón de pesos de garantía económica, por lo que se ordenó su libertad.
La jueza fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México señalada de haber pretendido liberal de manera ilegal a Itiel N, quien era señalado de tres crímenes, entre ellos del diputado local priista Juan Carlos Molina.
La aprehensión de la jueza fue el punto más álgido desde que los abogados y familiares del supuesto empresario Itiel N, emprendieron una intensa campaña para denunciar supuestas irregularidades en su caso y buscar obtener su libertad.
El detenido estaba a punto de obtener la libertad, por orden de la jueza, en un penal de Coahuila, en una acción que se realizaría en fin de semana; sin embargo, autoridades ministeriales le notificaron de una nueva orden de aprehensión por su probable responsabilidad en dos crímenes, por lo que fue reparehendido. A la par se inició una investigación contra la jueza.
La autoridad ministerial explicó que la jueza realizó diversas acciones en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”, señalado del crimen del legislador priista.
Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondía al quejoso ni la materia; además que no existía registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan. Con ello fue acusada de la probable comisión del delito contra la fe pública.
Ante ello fue vinculada a proceso y se le impuso prisión preventiva, pero el 13 de julio las autoridades judiciales retiraron la medida de prisión preventiva justificada por orden de integrantes de un tribunal colegiado y modificaron por resguardo domiciliario.
afcl