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A nueve meses del motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta que dejó 18 internos muertos y 93 lesionados, la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria para determinar responsabilidades, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y detectó violaciones al trato digno por parte de servidores públicos.
“La Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, ni ha practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida, 11 de ellas por disparos de arma de fuego; tampoco se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia”.
Tras investigar lo sucedido los días 9 y 10 de octubre de 2017, la CNDH también acreditó violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno, atribuibles a servidores públicos de la entidad, por lo que emitió la recomendación 20/2018 dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y al fiscal General, Gustavo Guerrero Gutiérrez.
Indicó que se debe reparar el daño a los familiares de los internos fallecidos y asignar recursos presupuestales y materiales que permitan garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del Cereso, entre otras medidas.
