La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo (FECCQROO) inició una carpeta de investigación sobre el “ cártel del despojo ”, presuntamente integrado por servidores públicos, militantes del Partido Verde (PVEM) en la entidad y una particular, a quienes se acusa de apoderarse de lujosas propiedades mediante juicios laborales simulados.
La noche del jueves, el periodista Carlos Loret de Mola presentó un reportaje a través de la plataforma digital Latinus, en donde expone todo el esquema de operación, las denuncias, los juicios iniciados, los testimonios sobre el caso y los nombres de las personas probablemente involucradas.
En esta operación figuran el dirigente estatal del PVEM, Pablo Bustamante Beltrán, regidor y candidato a sindico del gobierno municipal de Cancún; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Gustavo Miranda García y la madre de éste, una destacada empresaria, presuntamente confabulados con personal de la Junta Laboral del municipio de Cozumel, del Registro Público de la Propiedad del estado y el notario público 84, Jorge Cruz Hernández, en Playa del Carmen.
De forma muy básica, se expone cómo Bustamante y otras tres personas se hacen pasar por trabajadores de una empresa de tiempos compartidos propiedad de la madre de Miranda -su amigo y compañero de partido- y la demandan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015, durante el mandato del entonces gobernador, Roberto Borge Angulo.
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Teresa de Jesús Ku Pat, de la Junta de Conciliación, determinó que la empresaria debía indemnIzarlos con una cantidad millonaria; ellos se cobraron con un departamento ubicado en la torre condominal de lujo de Maioris Towers, en el residencial Puerto Cancún, sin que la demandada defendiera su caso.
El banco español Sabadell ubicó la falta de pago del crédito solicitado por la empresaria, acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para registrar que estaba grabado, y se dio cuenta que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Bustamante y de los otros tres particulares, quienes vendieron el condominio.
La venta del condominio, cuyo valor original era de 13 millones de pesos, está en pausa debido a que la institución bancaria se amparó.
En fast track también se resolvieron otras dos demandas contra la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras lujosas propiedades sacadas con base en créditos bancarios. Entre los demandantes, hay otro amigo de Miranda García, su hijo.
Este método de despojo, de acuerdo con la investigación periodística, inició durante el sexenio de Felix González Canto, se perfeccionó con Borge Angulo y permanece con el actual mandatario, Carlos Joaquín.
Antes de ser notario público 84, Jorge Cruz Hernández, fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, acusada por operar a favor de los despojos que se imputan a Borge Angulo en Tulum.
Con todos estos elementos, la Fiscalía Anticorrupción, informó que “los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”.
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El presidente de la Jucopo calificó como una “ficción construida”, el reportaje presentado por Latinus dijo que la pieza periodística carece de sustento y vigencia y afirmó que “ni me quiebran ni me doblo”.
Después de enfatizar que su fortuna y la de su madre provienen de “la cultura del trabajo” y que son generadores de “cantidad” de empleos, consideró que su “único error”, ha sido “no ceder, ni someterme a las presiones a las que por décadas han estado acostumbrados a ejercer quienes están en el poder y se niegan a perderlo”.
Sin mencionar qué tipo de presiones, ni para qué o su origen, se dijo víctima de “golpeteo político” de un grupo que, “con muchos recursos a (sic) invertido en una constante guerra sucia, queriendo manchar el legado de trabajo y esfuerzo con el que fui educado”.
rcr