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LA PAZ, BCS.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur solicitó al Congreso de la Unión el desafuero de dos diputados federales, Rubén Muñoz Álvarez (Morena) y Sonia Murillo Manríquez (PAN), derivado de investigaciones que emprendió y que apuntan a que habría elementos para proceder penalmente contra ellos.
El fiscal anticorrupción en el estado, Lenin Emiliano Ortiz Amao, confirmó a EL UNIVERSAL que las solicitudes se encuentran en la Cámara de diputados desde el pasado 8 de noviembre y a la fecha se estaría esperando se turne a la comisión instructora.
En el caso del diputado morenista, Rubén Muñoz Álvarez, la investigación obedece a su participación -presumiblemente constitutiva de un delito- en la autorización del cambio de uso de suelo cuando fue alcalde de La Paz -en 2021- en favor de un desarrollo inmobiliario, hecho que se habría realizado violentando procedimientos, especialmente el Plan de Desarrollo Urbano.
“Hubo un cambio de uso de suelo contraviniendo los procedimientos. Se autorizó el desarrollo “Punta Norte” con la participación preponderante del entonces presidente municipal, pese a que previamente la Comisión de Ecología y Desarrollo Urbano había determinado el dictamen como negativo. El entonces alcalde cambia el asunto a otra comisión que él preside, se dictamina a favor y se lleva a Cabildo donde también se aprueba”, expuso el fiscal.
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Indicó que la ley establece que para poder hacer un cambio de uso de suelo tendría incluso que modificarse el Plan de Desarrollo Urbano y eso tampoco se hizo.
Añadió que para formular la imputación ante el juez de control se requiere que al hoy diputado federal le sea retirada la inmunidad procesal y se está en espera de que avance el procedimiento.
Cabe mencionar que la investigación deriva de una denuncia interpuesta por una asociación civil denominada Frente por el Agua y la Vida, quien desde que se conoció el caso denunció las afectaciones que traía al municipio la posible aprobación del proyecto, sobre todo por los requerimientos de agua potable y servicios, en una zona con escasez hídrica e intrusión salina en varios pozos.
El abogado promovente de la denuncia, Arturo Rubio Ruiz, dijo a EL UNIVERSAL que la zona donde se aprobó el proyecto que pretende desarrollar 4 mil 613 lotes carece de disponibilidad de agua y está fuera del área factible a desarrollar establecido en el plan municipal.
“Advertimos en su momento todas las implicaciones, por la dimensión, pues duplicaría la demanda de servicios en un municipio ya colapsado, pese a ello se aprobó y violentando los procedimientos, sin estudios técnicos, con un dictamen ya en contra de parte de la dirección de Ecología. Se desoyó a la dirección de Planeación Urbana y por tanto se hizo un uso indebido de facultades”.
Añadió que la acción penal que se busca no solo es contra el hoy diputado federal, sino contra todos los entonces servidores públicos, regidores, que aprobaron el dictamen.
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"Guerra sucia", acusa diputado
Cuestionado sobre el tema, Múñoz Álvarez declaró que se trata de una “guerra sucia” derivado de sus intenciones para contender por la candidatura de Morena al Senado de la República, y sostuvo que “es improcedente”.
“Evidentemente es un tema de guerra sucia. Es un tema legal improcedente, ya consulté a abogados del Congreso. No procede. No es una causa grave”, expuso y se deslindó de responsabilidades al señalar que la mayoría del entonces Cabildo aprobó el proyecto que sería de beneficio –dijo– para el crecimiento de la ciudad de La Paz.
A diputada la acusan de "cómplice" en otro hecho
En tanto, en el caso de la solicitud de desafuero contra la diputada panista, Sonia Murillo Manríquez, se estaría investigando por su presunta complicidad en el caso del ex secretario de Finanzas, Isidro “N” quien se encuentra vinculado a proceso por el presunto delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del estado”, al otorgar contratos millonarios -entre 2015 y 2021- a una empresa, cuya accionista es su esposa.
Murillo Manríquez se desempeñaba entonces como contralora y según el fiscal, el ex secretario pretendió eludir el conflicto de interés con una excusa y la entonces funcionaria habría firmado una resolución que no se encontró en ningún expediente.
El fiscal rechazó que las solicitudes de desafuero tengan tintes políticos y sostuvo que a los imputados les priva el principio de presunción de inocencia.
“Aunque estén siendo investigados, incluso vinculados a proceso ellos pueden continuar con sus aspiraciones y ejerciendo sus derechos político electorales”, expresó.
Asimismo, destacó que al presentar estas solicitudes conoció que se trata de las únicas dos en su tipo en lo que va el año en todo el país, por lo que señaló resultan relevantes –dijo– “como muestra del trabajo que hacemos en el combate a la corrupción”.
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