El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz , amigo personal del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares , solicitó el amparo de la justifica federal en contra de la reforma recientemente constitucional que permite la remoción del fiscal como una atribución del Poder Legislativo.
Ante el juez de distrito del Séptimo Circuito, el abogado de la familia Yunes aseguró que es inconstitucional la reforma constitucional aprobada ayer por la mayoría de diputados locales de Morena en el Congreso del estado.
El Fiscal, duramente criticado por colectivos de desaparecidos, organizaciones civiles, empresarios y partidos de oposición al PAN, dijo que dicha reforma no puede ser aplicada a su persona porque en el procedimiento señalado no existe la figura de remoción.
Y dijo que los diputados pretenden removerlo del cargo sin darle oportunidad de defenderse en el juicio político, única forma legal para su destitución.
Ante el Congreso de Veracruz, han sido presentadas siete solicitudes de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien asumió el cargo en 2016 luego que por presiones políticas Yunes Linares logró la renuncia del entonces Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras.
El fiscal señala en la solicitud que con la reforma, establecida en el decreto número 749 para reformar el artículo 67 fracción I de la Constitución Política de Veracruz, el Congreso local se otorgó a sí mismo el “monopolio para la designación y remoción del fiscal”.
Pues pretende eliminar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial como actores en la designación y/o remoción del fiscal y dejarlo en manos el Congreso con una votación de las tres cuartas partes de sus diputados.
“El Congreso del Estado dejó sin actividad alguna al titular del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial en la designación y remoción del fiscal general se arrogó la facultad de acero por sí mismo, limitándose únicamente a las causas graves que contenga la ley y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”.
Y se quejó porque la reforma no especifica cuáles son las causas graves a las que hace referencia.
“Me deja en un estado de indefensión e ingeridas jurídica total, pues no se señala cual es la ley que señala las causas graves y tampoco considera un procedimiento en el cual pueda responder o contestar las supuestas causas graves que se imputen, ofrecer pruebas, alegar y participar en los procedimientos ante el Congreso”.
Winckler Ortiz consideró que la reforma va en detrimento o menoscabo de sus derechos al señalar que las autoridades estatales han mencionado en varias ocasiones en medios de comunicación su intención de removerlo del cargo “sin la substanciación de un juicio político”.
“Se trata de aplicar retroactivamente una ley en mi perjuicio, aunado a que en el mismo procedimiento se vulneraría mi garantía de audiencia al ser removido sin oprime y vencerme; me encontraría legalmente imposibilitado de ser iniciado del inicio del procedimiento que culminaría con mi destitución; de ofrecer pruebas y contradecir las propuestas en mi contra; de formular alegatos; de recibir el dictado de una resolución que, de serme adversa pudiera combatir”.
Además, acusó al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos de intervenir en la autonomía del fiscal general, “peor aún, pretende aplicar la ley de manera selectiva”.
En el escrito narra que durante una reunión con los integrantes de la Coordinación Estatal por La Paz, le ordenó no ejercer acciones penales en contra de quienes mantienen tomado el Palacio Municipal de San Andrés Tuxtla, porque se había comprometido a ello en un acuerdo con quienes tienen tomado el inmueble, por lo cual se negó a acatar lo dicho.
“Se puede advertir que los miembros del partido Morena, a través de los diputados integrantes del Congreso del estado, el secretario de Gobierno y demás actores políticos, pretenden apoderarse de la totalidad del poder político en el estado, incluso del organismo autónomo del cual soy titular”.
Cabe destacar que Winckler Ortiz inició en el cargo el 30 de diciembre de 2016 y, según la ley, la conclusión de su servicio sería nueve años después; sin embargo, hasta ahora el Congreso local ha recibido siete solicitudes de juicio político contra el fiscal.