Cuernavaca.- El fiscal morelense Uriel Carmona Gándara acusó que desde el Congreso de la Unión se impulsa el desconocimiento de la suspensión del amparo que le concedió una juez federal para evitar su desafuero y esa acción, dijo, implicaría entregar al gobierno del estado la posibilidad de controlar la institución encargada de procuración de justicia.
“A pesar de contar con la protección de un amparo federal, desde el Ejecutivo se han tratado de hacer gestiones en las mas altas esferas del poder de la Cámara de Diputados para que desde el Congreso de la Unión se impulse en estos días un desconocimiento de la suspensión de dicho amparo, sosteniendo que no cuento con fuero constitucional”, dijo el fiscal en conferencia de prensa virtual.
Ese escenario, explicó, implicaría entregar al gobierno del estado la Fiscalía General del Estado , y previó que con esa acción se cometería un atropello al Estado de Derecho y la clara violación de una garantía federal, lo cual pondría en riesgo a todos los fiscales del país porque quedarían en automático desaforados.
“El propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en contra de las persecuciones políticas y se ha pronunciado en el sentido de privilegiar el Estado de Derecho”, afirmó.
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La postura del fiscal Uriel Carmona ocurre a 24 horas de divulgarse que la Cámara de Diputados presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la juez cuarto de distrito, Erika Nayeli Torres Santiago, porque presuntamente actuó de forma irregular en la sustanciación del juicio amparo que promovió el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el inicio y trámite de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara de Diputados.
En la queja, la Cámara de Diputados infiere que la suspensión concedida al fiscal para evitar su desafuero tiene un sesgo anómalo porque el esposo de la juez, el litigante Eduardo Giménez de Haro, “guarda relación profesional y de amistad con Uriel Carmona Gándara, por lo que debería existir impedimento jurídico por parte de la citada juzgadora para conocer del juicio de referencia”.
La queja señala asimismo que la juez ha demostrado parcialidad en el juicio porque los recursos de queja y recursos de revisión interpuestos por el Congreso Federal, el Congreso Local, la SEIDO, la FGR y el Gobierno de Morelos, no las ha turnado al Tribunal Colegiado.
El origen de este caso se remite a diciembre de 2020 cuando la FGR inició una investigación de carácter penal en contra del fiscal Carmona Gándara, y encontró elementos para suponer su responsabilidad en delitos de orden federal por lo que solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia y así procesar al servidor público de Morelos.
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En respuesta, el fiscal morelense acusó que desde 2018 ha sido presa de una persecución política por parte del gobierno del estado que lo señala de ser una designación del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu .
También dio cuenta del inicio de desafuero en su contra a través del Congreso de la Unión, pero el proceso se detuvo mediante la obtención de una suspensión obsequiada por la juez Torres Santiago.
En su defensa, afirmó que su designación fue realizada por mayoría calificada incluyendo a un legislador del PES pero, además, sostuvo, también ha sido acusado de cometer delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero todo ha resultado falso.
Esos señalamientos, aseguró, tienen el propósito de controlar el Ministerio Público, incluyendo la fiscalía encargada de los delitos electorales.
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