Puebla.— El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz-Santana, reconoció al gobierno que encabeza Antonio Gali, por contar con funcionarios con alto sentido de la responsabilidad social, interesados en el buen desempeño de los próximos comicios, al firmar un convenio de trabajo y compromiso por el Blindaje Electoral.
A su vez, el mandatario poblano enfatizó que al disputarse cargos públicos de los tres órdenes de gobierno, es fundamental garantizar condiciones de equidad en la contienda, a través de acciones conjuntas en las que participen actores políticos y sociales, por lo que anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla.
Precisó que el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, son prioridad de su administración, así como la identificación, detección y denuncia de conductas que pongan en peligro los comicios.
“Actuemos de forma ética y transparente, regidos por códigos de conducta y respetuoso de los derechos ciudadanos en el ejercicio libre y unilateral del voto. En el gobierno de Puebla seguimos avanzando por la democracia y ratificamos nuestro compromiso”, expresó.
En tanto, Héctor Díaz-Santana informó que en coordinación con el gobierno del estado, se ha puesto en marcha un predespliegue ministerial, a fin de realizar un simulacro de las elecciones para instruir a policías, ministerios públicos, fiscales y ciudadanos para reaccionar ante alguna dificultad o acto ilícito, lo cual, resaltó, no sería posible sin el respaldo de Tony Gali, cuyo gobierno “está cumpliendo y asumiendo, para darle mayor atención a las posibles conductas delictivas”, subrayó.
Puntualizó que con estas estrategias, el estado de Puebla tendrá unas elecciones bajo principios de civilidad democrática, contribuyendo a que la sociedad salga a votar y que cada una de las boletas sea contada de manera correcta.
El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, destacó que el próximo 1 de julio, Puebla y el país enfrentarán el mayor reto de cualquier democracia, en el cual la imparcialidad es un requisito.
El consejero jurídico del Ejecutivo, Armando López, manifestó que las circunstancias obligan a todos los servidores a un ejercicio ejemplar, implementando acciones prioritarias que atiendan los principios de la procuración de justicia.