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Monterrey.— Integrantes de la Asamblea Feminista de Nuevo León presentarán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por detenciones arbitrarias, incomunicación y uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiacos del estado y de esta ciudad, cometidos contra manifestantes que participaron el sábado en una marcha a favor del derecho a decidir y en pro del aborto legal y gratuito.
El grupo acudió ante la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) a exponer los hechos relacionados con las agresiones policiacas contra varias manifestantes, así como la detención de al menos dos mujeres, identificadas como Karina “G” y Carmen “D”, la primera, detenida, incomunicada, puesta a disposición del Ministerio Público y quien fue liberada un día después; la segunda, puesta en libertad la noche de su detención.
Informaron que sigue abierta la carpeta judicial que se integró contra Karina “G”, acusada de dañar propiedad municipal por una pinta sobre el quiosco Lucila Sabella que ella niega haber realizado.
El lunes se entregó limpia la citada propiedad, hecho que fue avalado por los peritos de la fiscalía.
La Asamblea Feminista de Nuevo León ha estado recopilando fotografías y videos sobre la presencia policiaca durante la marcha, para documentar la queja que presentarán ante la CEDH.
A través de un comunicado, señaló que desde el inicio de la marcha hubo un excesivo número de elementos policiacos para, supuestamente, proteger a las manifestantes y guardar el orden; sin embargo, en distintos momentos se mostraron agresivos.
Además de la detención de Karina “G”, hubo otra en perjuicio de Carmen “D”, quien estuvo desaparecida por al menos una hora, pero tras la oportuna búsqueda de miembros de la asamblea feminista y colaboradoras se reincorporó a la manifestación.
Expusieron que su detención por parte de la fuerza civil se llevó a cabo con excesiva fuerza y violencia. Recordaron que la detención de Karina “G”, por parte de la policía de Monterrey, se realizó cuando se dirigía a su casa, al término de la manifestación.
Al percatarse de la situación, un grupo de activistas con una acción de resistencia civil y pacífica, haciendo “mano cadena”, rodeó la granadera en la que sería trasladada, para evitar que se la llevaran, ya que no había cometido ninguna falta o delito.
Sin embargo, la policía rompió violentamente el cerco para abrir paso a la granadera, empujando a las manifestantes.
Algunas fueron derribadas y se puso en riesgo la integridad física y la propia vida de las activistas, ya que hubo quienes estuvieron a punto de ser atropelladas.
Después de la detención, a Karina “G” la manutuvieron incomunicada, violando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, ya que además no se le especificaron los cargos en su contra.
