Chilpancingo.— Roberto Lucas, de 19 años de edad, asesinó a su novia en enero pasado en la comunidad de El Platanal, municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero,
Fue detenido por la policía local, acusado de feminicidio. El sábado, en una asamblea, comisarios y pobladores acordaron sentenciar al joven a 25 años de prisión y trabajos comunitarios.
Durante su condena, Roberto vivirá en una celda en la Casa de Justicia de El Paraíso y saldrá sólo para trabajo comunitario. También deberá aprender un oficio.
Este sistema de justicia, a través de usos y costumbres, es lo único que funciona para la comunidad, que desconfía de la fiscalía y la justicia convencional, porque no resuelven.
De acuerdo con el relato del abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz, la noche del 1 de enero, Roberto y su novia Ángeles asistieron a un baile en la comunidad de Coxcatlán San Pedro, en Ayutla. Cuando iban de regreso a la casa de Ángeles comenzaron a discutir y fue cuando Roberto la atacó con un machete hasta matarla.
El abogado explicó que minutos después del crimen, Roberto fue detenido por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El 15 de enero realizaron una primera audiencia, en la cual Roberto confesó que asesinó a su novia tras una discusión.
Rogelio Teliz explicó que desde el día del feminicidio, la mamá y el papá de Ángeles se negaron a que la investigación la realizaran policías y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), por la desconfianza que existe hacia esa instancia.
De manera explícita, pidieron que a Roberto lo detuviera la CRAC y que también fuera la coordinadora la que se encargara de investigar el crimen.
Así que, después de tres meses, los integrantes de la CRAC llevaron a una asamblea el caso de Roberto, a quien se encontró culpable del delito de feminicidio.
En la asamblea, dijo el abogado, se discutieron tres posibles sentencias. La primera, reeducación de por vida; la segunda, 25 años de reeducación, y la tercera, 30 años de trabajos comunitarios.
Al final se acordó que fueran 25 años porque ya había dos precedentes. En 2018 y en 2019 sentenciaron a esos mismos años a otros dos hombres, también por el delito de feminicidio.
El caso de 2018, recordó el abogado, ocurrió en la comunidad de El Coyul; un hombre asesinó a su pareja a balazos. El de 2019 fue en El Charco, donde el esposo asesinó a su esposa a machetazos.
El abogado reconoció que la sentencia pudo haber sido mayor, porque en el sistema de justicia convencional, la sentencia por el delito de feminicidio va de entre 40 a 60 años de prisión.
“Yo pienso que pudo haber sido mayor la sentencia, pero en los pueblos todavía falta que se le dé más gravedad a estos casos y también trabajar en que se traten con perspectiva de género”, explicó.
Sin embargo, expuso, estas sentencias generan confianza entre la población porque, en comparación con el sistema de justicia convencional, el sistema de seguridad y justicia de la CRAC sí está dando resultados.
Teliz explicó que en Ayutla, en los últimos tres años, se han registrado ocho feminicidios, por los cuales la FGE integró carpetas de investigación. En ninguno hay avances y mucho menos sentencias.
“En el sistema tradicional las investigaciones están abiertas, pero abandonadas, sin avances, sin sentencias; en algunos casos ni detenidos hay y eso genera mucha desconfianza entre la gente”, explicó.
Organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres han documentado que de 2017 a 2021, en Guerrero fueron asesinadas 902 mujeres, de esos casos sólo 77 se tipificaron como feminicidios y, del total, apenas en seis casos un juez dictó sentencia condenatoria.
Ayutla es uno de los nueve municipios de Guerrero donde la Secretaría de Gobernación declaró, desde 2017, la alerta de género por violencia feminicida.
Pese a la medida, los casos de homicidios por razones de género en la entidad persisten. Entre el 22 y el 28 de marzo cuatro mujeres fueron asesinadas.
En tres casos los crímenes fueron reportados en Acapulco, uno de ellos contra una mujer indigente. El cuarto ocurrió en la comunidad de Miahuichán, municipio de San Luis Acatlán.