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Santiago Juxtlahuaca.– Representantes de desplazados de Tierra Blanca Copala afirmaron a EL UNIVERSAL que el desalojo de las familias triquis que fueron reubicaras durante la madrugada de este lunes por el Gobierno de la Ciudad de México , se realizó sin acuerdos ni aviso previo, por lo que iniciaran movilizaciones en las próximas horas.
“No hubo acuerdos con el gobierno de la Ciudad de México para la reubicación de las familias desplazadas ; el gobierno capitalino menciona de un supuesto albergue, pero no es un lugar apto para las familias, tampoco acondicionado”, denunciaron los representantes de los desplazados.
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Detallaron que ante el desalojo buscaran un lugar alterno para resguardarse; sin embargo, mientras eso pasa, iniciaran con movilizaciones en la Ciudad de México y en otros puntos.
“Las familias no aceptan la reubicación y a movilizarnos es la única alternativa que tenemos para exigir nuestros derechos, para que el gobierno mexicano cumpla su papel como eje rector para brindar la seguridad a la población de Tierra Blanca y en contra de esta acción del gobierno de la Ciudad de México que se pinta de progresista y humanista, pero nada eso tiene”, señalaron.
La madrugada de este lunes el Gobierno de la Ciudad de México desalojó a decenas de familias que se encontraban en plantón en las avenidas Juárez y Eje Central, frente al Palacio de Bellas Artes, para ser trasladadas a un sitio acondicionado como albergue, situado en la esquina de calle Rayas y Circuito Interior, en la colonia Valle Gómez. Afirmó que la reubicación les fue notificada con anterioridad,
Sin embargo, los representantes manifestaron que el albergue no es más que un lugar improvisado lleno de basura, de acuerdo a las imágenes que las familias compartieron a EL UNIVERSAL.
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Según un comunicado de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el desalojo fue en atención a una serie de observaciones dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) a la administración capitalina.
“En el documento fechado el 12 de abril y dirigido al secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la Comisión de Derechos Humanos señala que
