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Oaxaca de Juárez.- El comité de víctimas y sobrevivientes de la masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río, población ikoots de San Mateo del Mar, se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir un audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y justicia y castigo para los responsables de los asesinatos de 15 personas, 13 hombres y dos mujeres.
Entre el 21 y el 22 de junio, 15 personas ikoots fueron torturadas y quemadas vivas como resultado de la escalada de violencia de un conflicto político-electoral, donde una parte de la población de ese municipio, desconocía a Bernardino Ponce como edil y otra parte lo apoyaba, lo de desató por meses la violencia entre ambos grupos que estalló con la masacre.
La protesta de este lunes también es para demandar el otorgamiento de las medidas cautelares de protección y apoyo a las familias de los fallecidos y sobrevivientes. Esto, porque se encuentran 18 familias desplazadas de la comunidad, 19 niñas y niños huérfanos, seis esposas en el desamparo y seis padres o madres que dependían económicamente de los fallecidos.
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“Hemos sido desplazados de nuestras comunidades y por lo tanto acordamos vivir en plantón permanente frente al Palacio de Gobierno hasta en tanto se haga justicia y se brinden las garantías para regresar a nuestra comunidad”.
Agustina Roldán Terrazas, una de las sobrevivientes, señaló como responsables de la masacre, autores materiales e intelectuales, a José Luis Chávez Salinas, Camerino Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Máximo Leyva Piamonte, Teófila Ochoa, Emanuel Villaseñor Bustillos, Israel Oviedo Aldama y Ramiro Escudo Comonfort, entre otros que se encuentran señalados en la carpeta de investigación.
La víctima denunció que el pasado 8 de diciembre sostuvieron una reunión con el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, quien los atendió de una manera prepotente y “enfurecidamente” se deslindó de la ejecución de las órdenes de aprehensión que existen contra los responsables.
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Según Alejandrino Roldán Mora, el fiscal les dijo que el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, ordenó que no se avance en la investigación y en la ejecución de las órdenes de aprehensión.
Consultada por EL UNIVERSAL, la Segego aseguró que son señalamientos falsos y que la dependencia respeta la autonomía de la Fiscalía General, y que su titular no tiene dichas atribuciones.
“El Secretario General de Gobierno no tiene las atribuciones para realizar ese tipo de acciones. Entendemos que es parte de la presión en su manifestación, pero al presentarse este tipo de hechos violentos, corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes y liberar las órdenes de aprehensión, y a la Secretaría de Seguridad Pública mantener los recorridos de vigilancia y seguridad que se tienen en la zona”, señaló su área de comunicación social.
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