Cancún.- El Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, integrado por familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo , abordó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador , en Cancún para solicitarle la intervención de su gobierno y que se designe a personal a su cargo para analizar las carpetas de investigación de víctimas y se elabore un plan de búsqueda individualizada o generalizada, pues en el estado no hay mayor avance.
Previo a su ingreso a la Ciudad Militar, en donde encabezó la conferencia “Mañanera”, la presidenta del Colectivo, Romana Rivera Ramírez , logró que el vehículo que transportaba al mandatario federal se detuviera para que ella le entregase un oficio de petición y le expusiera brevemente su solicitud.
En el escrito le piden que instruya a la Comisión Nacional de Búsqueda para que, con fundamento en el artículo 50 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, se asigne personal para hacer el análisis de las carpetas y se elabore el plan de búsqueda, garantizando su derecho como víctimas indirectas.
“Recurrimos a usted ya que al día de hoy no hemos tenido respuesta y no hay avance en las investigaciones y notamos una evidente inacción, indiferencia y desinterés en quienes tienen esas responsabilidades en Quintana Roo”, le expresó.
Al término del breve encuentro, Rivera Ramírez dijo en entrevista que el presidente instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para canalizar su petición y, posteriormente, personal del gobierno federal entabló contacto y le tomó sus datos, para comunicarse telefónicamente después.
Como resultado, esta tarde se reunirá con Edgar Ramírez, enlace de la Secretaría de Seguridad federal, en Quintana Roo.
Romana Rivera lleva poco más de un año y medio buscando a su hija Diana García, quien salió con un amigo a un bar de la ciudad, pero no se volvió a saber de ninguno de los dos.
“El problema radica en que ninguno de los familiares que tienen gente desaparecida desde hace un año, dos, tres…cinco, ha sido llamada por la Fiscalía General del estado (FGE) para incorporarse a las labores de búsqueda individualizada o generalizada y eso violenta nuestro derecho.
“La Fiscalía y la Comisión de Búsqueda del estado nos dicen que no tenemos capacitación y por eso no nos llaman, pero en la Ley de Víctimas nunca dice que eso sea una condición y en todo caso la obligación de capacitarnos radica en ellos”, expresó.
Al escrito entregado a López Obrador se anexó una lista con los nombres de las personas desaparecidas y el número de carpeta de investigación.
Aparecen en ella víctimas como Gustavo Antonio Canul Suárez, desaparecido el 21 de mayo de 2018, en Cancún; Diana García Rivera, el 21 de febrero de 2020, en esta ciudad; Juan Enrique Pérez Medinilla, desaparecido el 30 de abril de 2021 en Playa del Carmen; Ingrid Estephanie Vázquez Arias, del 15 de diciembre de 2018, en Cancún.
También Óscar Carlos Inacua Magaña, desaparecido en Playa del Carmen el 18 de febrero de 2021; Jorge Armando Kiau Rodríguez, desaparecido en Cancún el 22 de febrero de 2020; Cristhofer Briceño Franco, desaparecido en esta ciudad, el 27 de noviembre de 2021; Arath Cruz Castro, a quien se busca desde el 31 de diciembre de 2020; Jesús Moisés Gómez Dzib, desaparecido el 10 de enero de 2020, en Cancún y Sahir Alexis López Ruíz, desaparecido el 11 de julio del 2019, en esta ciudad.
En esa misma lista están Francisca Mariner Flores Patrón, desaparecida el 22 de junio del 2020; Rubiel Robles Méndez, desaparecido el 3 de agosto de 2020 en Tulum; Aitana López Félix, desaparecida el 30 de mayo de 2017 en Cancún; Jhonatan Eli Magaña Hernández, desaparecida el 24 de junio de 2021 y José Luis Franco Castañeda, desaparecido el 18 de octubre de este año, en Puerto Morelos.
Por separado, Ludovico Zamora, vocero del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, coincidió en que en Quintana Roo existe “un atraso enorme en materia de búsqueda de personas desaparecidas y en la protección de los derechos de las víctimas”.
El activista dijo que el tema, a nivel legislativo, ha sido “ignorado” por las y los diputados del Congreso del estado y expuso en sus redes sociales el reciente caso del Barezzito, sitio de donde un grupo de personas sacaron a un hombre a quien privaron ilegalmente de la libertad, en Cancún.
“El caso del Barezzito no es un hecho aislado; el comando armado que ingresa a un antro y ‘levanta’ a personas, es un modus operandi muy utilizado desde hace mucho y requiere de la complicidad y organización de diversas personas, incluidos empleados de los establecimientos”, manifestó.
Como antecedente mencionó el caso de Maximiliano González Rojas, un joven de 19 años que desapareció el 27 de octubre de 2019, estando en el interior del bar Distrito Cavana; lo mismo pasó con Diana García y Jorge Armando Kiau, el 21 de febrero de 2020, en el bar Imperio, en Galerías Infinity.
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