Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades judiciales y funcionarios del gobierno de Chiapas obstruyen el debido proceso en el caso del exdiputado local de pueblos originarios, Samuel Sánchez Sánchez , preso desde hace 14 años por el delito de homicidio y a quien se le vinculó con presuntos grupos armados en la región norte del estado .
En rueda de prensa, familiares del también docente y sociólogo, denunciaron que éste es víctima de “una red de complicidad política” entre funcionarios gubernamentales que desde la administración de los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía , Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello opera en conjunto con la diócesis de San Cristóbal de las Casas “para alargar lo más posible” el proceso contra Sánchez Sánchez y mantener el discurso del “para militarismo y ocultar las responsabilidades de catequistas armados”.
El exdirigente de la organización campesina Desarrollo Paz y Justicia ha enfrentado cuatro procesos penales, de los cuales ha logrado dos sentencias absolutorias, una condenatoria y otra más en etapa de instrucción.
La abogada Karla Sánchez Álvaro aseguró que la sentencia condenatoria de 25 años en contra de su padre fue inconstitucional porque en la causa penal se asentó que el día del homicidio de Juan Ramírez Torres, el 4 de julio de 1996, en una comunidad del municipio de Tila, Samuel Sánchez “encabezó una emboscada”.
Pero, de acuerdo con pruebas presentadas al juzgado mixto de primera instancia en el municipio de Salto de Agua, el exdiputado chol , ese día se encontraba en la sesión ordinaria de la 59 Legislatura .
“Como pruebas fehacientes presentamos al juzgador el diario de debates de esa fecha del Congreso del Estado y sus credenciales como representante popular, no obstante, esa documentación fue desestimada por el entonces juez de la causa Luis Ángel Quevedo, quien argumentó que por homonimia podría tratarse de otra persona”, sostuvo la defensora.
Las autoridades judiciales proceden con dilación y omisión pues a mediados de 2018 informaron que en el Juzgado Primero del centro penitenciario El Amate , donde está recluido Sánchez Sánchez, se encuentran extraviados tres anexos de la causa penal 110/2005 actualmente progresivo penal 200 /2017.
“Estos expedientes contienen el inicio de la averiguación previa y las pruebas en genética forense utilizadas para inculpar al ex legislador “, agregó Karla Sánchez.
Enlistó que entre las faltas más graves de la parte acusadora está “la fabricación de un testigo”. Armando Díaz López, “quien aceptó haber dado un falso testimonio respecto a osamentas de tres víctimas halladas en Tila, por las que se iniciaron las indagatorias".
Además, refirió la abogada, que Díaz López aceptó públicamente, en 2016, su participación en “la profanación de tres tumbas de un panteón de la comunidad Masojá Schucjá para hacerlas pasar por las de las presuntas víctimas “
En noviembre de 2004 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismo que ostenta la defensa legal de familiares de las víctimas, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) una denuncia en contra del Estado mexicano porque esos crímenes, enmarcados en “una guerra de baja intensidad”, no se atendían debidamente.
A su vez, la defensa jurídica de Sánchez Sánchez presentó a la CIDH una petición con argumentos y pruebas legales que contraponen las afirmaciones del Frayba.
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