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“No queremos ya policías de aquí de Acatlán de Pérez Figueroa”, así lo declaró Virginia, la madre del joven Alexander G ., —asesinado el pasado 9 de junio por un agente de este municipio— ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) , Raúl Ernesto Salcedo Rosales.
En su visita a la localidad de Vicente Camalote, en ese municipio de la Cuenca del Papaloapan, donde amigos, desconocidos y hasta políticos acompañaron a la familia del joven futbolista en su despedida, el funcionario estatal mencionó que por instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, elementos de la Policía Estatal llegaron a reforzar la seguridad en ese municipio, y a iniciar el proceso de revisión de armas, a fin de contribuir con las investigaciones que está realizando la Fiscalía General del Estado (FGEO) sobre el caso.
“Recogimos esas armas de fuego, nos las llevamos para la Fiscalía, para que las revise personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Vamos a iniciar un proceso de certificación de los policías, iniciar operativos en el municipio, y contribuir a la investigación”, declaró el secretario.
Al respecto, la familia del joven Alexander enfatizó que su único interés es ver en los hechos que se haga justicia, que atrapen a los verdaderos culpables de este crimen, por lo cual ellos y el resto de los habitantes de Acatlán Pérez Figueroa no desean ver a los policías municipales y solicitan la presencia de la Guardia Nacional, “para garantizar la seguridad de nuestros hijos, y de nuestro pueblo”, declararon.
Salcedo Rosales respondió que refrenda el compromiso de justicia en el caso, e informó que por parte de la SSPO y la Policía Estatal Preventiva, así acordado con la Sedena y la Guardia Nacional, instalarán una base de seguridad tanto en la cabecera municipal, como en el resto del corredor de la Cuenca y La Cañada.
De acuerdo a autoridades de justicia, el agente que disparó a Alexander y los jóvenes que lo acompañaban se encuentra bajo custodia y se le imputará el delito de homicidio calificado de acuerdo con el fiscal, Rubén Vasconcelos, quien señaló que se solicitará la pena más alta que establece la ley, que puede ser de 40 años, pero se agrava y puede ser hasta de 105 años cuando se trata de miembros de corporaciones policiacas.
Después del asesinato, la madre del Alexander relató que recorrió las calles del municipio e identificó que las patrullas se resguardaron en un domicilio particular casi durante 12 horas. En ese tiempo, tampoco ningún perito acudió a realizar la revisión al cuerpo de su hijo.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha condenado "enérgicamente" el crimen y anunció una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.
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