Morelia.— La falta de suministro de agua potable en el Centro Federal de Reinserción Social 17, ubicado en el municipio de Buenavista, Michoacán, ya escaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).
EL UNIVERSAL dio a conocer el pasado 30 de noviembre que los más de mil reos en ese penal federal no tienen agua para beber, lo que generó enfermedades gastrointestinales en los internos, peleas e, incluso, intentos de amotinamiento.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) recordó que ya se cumplieron seis meses desde que se agravó el problema de falta de agua en el Cefereso 17.
Rafael Robles Roa, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, informó a esta casa editorial que ya interpusieron un recurso ante la Comisión IDH.
En el documento, el instituto pidió a la Comisión que inste al Estado mexicano a garantizar el líquido para los presos, el cual ya fue aceptado.
Robles Roa reiteró que la falta de agua sigue porque la autoridad no ha podido obligar a las empresas concesionarias a que brinden ese servicio.
Explicó que, a la par, dos jueces de Distrito les concedieron ya dos amparos para que el Estado y las empresas resuelvan de inmediato el suministro de agua en ese penal federal.
En el expediente 440/2020, el juez primero de Distrito del Décimo Primer Circuito, con sede en Michoacán, concedió razón al IFDP. En el documento, el juez ordena que las autoridades responsables adopten las medidas urgentes y conducentes para lograr oportuna y adecuadamente el suministro de agua corriente y potable a los reclusos.
Lo anterior, “tomando en consideración la contingencia sanitaria presentada actualmente ocasionada por el Covid-19, así como el cuidado de la salud de los internos”, expuso.
El juez señaló que en el contexto de la demanda existen argumentos que permiten presumir que los presos presentan problemas gastrointestinales ante la falta de agua en óptimas condiciones de salubridad y que, de no proveer en ese sentido, se agravaría la situación de vulnerabilidad de los internos y se comprometería gravemente la dignidad e integridad de los mismos.
El problema del agua es resultado de que las empresas concesionarias de los servicios no han cumplido con sus obligaciones, entre ellas, abastecer de agua potable al penal. Rafael Robles explicó que, en ese mismo juicio de amparo, el juez admite que las empresas concesionadas también son autoridades responsables.
Ello, indicó, significa que además del órgano desconcentrado del sistema penitenciario federal, las empresas también están obligadas a garantizar ese servicio de agua, aunque ninguna de las partes ha dado solución.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay irregularidades en contratos suscritos durante el sexenio de Felipe Calderón con las empresas concesionarias de servicios para penales federales.
El Mandatario federal advirtió que se revisarán los contratos para evitar abusos.