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El expresidente del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el fraude con el que Infonavit se adjudicó miles de casas de derechohabientes en al menos 8 entidades del país para después rematarlas.
Aunque el exfuncionario, que renunció a su cargo como magistrado en mayo pasado, enfrentaba el proceso en libertad presentándose a firmar cada 15 días a los juzgados, este sábado fue recluido en el penal de Tepic tras concluir la audiencia en la que la Fiscalía del estado solicitó cambio de medidas cautelares.
El juez determinó que el cambio de medidas cautelares está justificado ya que según la investigación de la Fiscalía el daño reportado por Infonavit en este caso supera los 2 mil millones de pesos.
Enríquez Soto fue vinculado a proceso el 9 de mayo pasado y se le imputaron los cargos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.
Una de las pruebas que el Ministerio Público busca hacer valer en contra el extitular del Poder Judicial de Nayarit es un convenio firmado por él en octubre de 2013, en el que se compromete a brindar facilidades de “economía procesal” a Infonavit para la recuperación de 25 mil casas.
La Fiscalía estatal tienen una copia de este documento firmado por Enriquez Soto y el entonces titular de la Dirección Jurídica de Infonavit, José Lorenzo Natera.
La trama revelada por la Fiscalía indica que este documento se utilizaba para presionar a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial que debían dar trámite procesal a miles de juicios apócrifos maquilados en un par de despachos privados.
Además, según la representación social, hay evidencia que demuestra que tanto Enríquez Soto como otros funcionarios, entre ellos el exmagistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado (también en prisión preventiva), varios jueces, actuarios, notificadores y hasta un notario público, estaban en la “nómina” de sobornos de los despachos que maquilaban los juicios.
Las investigaciones señalan que este fraude fue realizado entre 2013 y 2018; los despachos involucrados son Molrod, Silber & Asociados y el despacho Rosales Badillo, del ex secretario general de Gobierno de Durango, Hugo Rosales Badillo.
Las autoridades nayaritas han estimado que por este fraude unos 60 mil derechohabientes de Infonavit en Tamaulipas, Durango, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, perdieron sus viviendas mediante juicios de los que ni siquiera fueron informados y que se desahogaron en una entidad federativa distinta.
MAOT
