Cancún.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Gobierno de Quintana Roo extender por 10 años más la vigencia de la autorización de impacto ambiental que emitió para la Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de playas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), Efraín Villanueva Arcos -quien sustituyó a Alfredo Arellano Guillermo desde el mes pasado- informó hoy, en conferencia de prensa, que dicho permiso fue renovado hasta el 2029.
Originalmente, dicha autorización se expidió a favor del Fideicomiso de Playas , entonces presidido por la Secretaría de Turismo (Sectur), el 19 de julio del 2009, para obras que comenzaron meses después, a fin de revertir la intensa erosión de playas provocada por huracanes como Wilma, en octubre del 2005.
El permiso ambiental, con número de resolutivo S.G.P.A/ DG/ 3758/ 09, expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), amparaba la extracción de arena de bancos marinos en Cozumel e Isla Mujeres y la operación de dos dragadas y tubería que inyectase 5.6 millones de metros cúbicos de arena en 12.2 kilómetros lineales de playa entre Punta Cancún y Punta Nizuc, para alcanzar un ancho de playa de 80 metros.
También, otros 800 mil metros cúbicos de arena en 4.2 kilómetros de playa, desde el fraccionamiento Playacar hasta el muelle de cruceros, incluido Punta Xcalacoco.
La obra, cuyo costo fue mayor a los mil millones de pesos, contempló para Cancún la construcción de una estructura de cierre en Punta Cancún, frente al entonces hotel Dreams, de 305 metros de longitud, formada por cubos de concreto para retener la arena y disminuir la intensidad del oleaje.
Los trabajos iniciaron en 2010, pese a la oposición de activistas en Cozumel, que advertían impactos negativos a la isla, con la extracción de arena de sus bancos marinos.
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Una vez concluidas las obras, la Sectur cedió la presidencia del Fideicomiso de Recuperación de Playas al gobierno estatal, al mando entonces de Félix González Canto.
La autorización tuvo diversas condicionantes, algunas de ellas, incumplidas, como el mantenimiento que nunca se les dio a los trabajos.
La vigencia del permiso era por 10 años y terminó en julio del 2019, por lo que correspondía al estado renovarlo, debido a que año con año la zona es susceptible al embate de un huracán.
Villanueva Arcos Fideicomiso indicó que el nuevo resolutivo también trae condicionantes, como la siembra de corales que sustituirá al cultivo de caracol rosado “que no se pudo realizar”.
El funcionario señaló que una de las prioridades en su encomienda al frente de la SEMA, es concretar el diseño del Fideicomiso de Manejo Integral de la Zona Costera de Quintana Roo, que sustituirá al Fideicomiso de Recuperación de Playas.
Para ello, junto con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se revisan los pendientes que pudiera haber en el Fideicomiso anterior, en materia financiera, de saldos y elementos técnicos o legales.
Arcos Villanueva mencionó que se han detectado zonas que ya han perdido playa, con el paso de los años y el golpe de algunas tormentas tropicales, por lo que contar con la renovación de la autorización es una buena noticia, sobre todo porque está abierta la temporada de huracanes.
Los retos ambientales
En la agenda ambiental, dijo que las prioridades son el seguimiento a la elaboración de los nuevos Ordenamientos del territorio, una polémica figura contenida en la homologación estatal de la Ley General de Asentamientos Humanos, que incorpora temas urbanos, pero invade competencias de la federación en materia ambiental.
El funcionario explicó se trabaja en la reinstalación de comités y la convocatoria para las consultas públicas; y que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Sustentable (Sedetus) para identificar con precisión dónde es factible el desarrollo con sustentabilidad y cómo alinear la participación del estado.
También -comentó- se ha establecido contacto con funcionarios federales, entre los que citó al coordinador de Proyectos del Bienestar, Arturo Abreu -que carece de facultades en el tema- quienes le han manifestado que no hay problema.
Sin embargo, en febrero de este año, en un evento público, funcionarios del sector ambiental, manifestaron que había preocupación y discrepancia sobre el tema, y que tenían la instrucción por escrito, de no participar en las reuniones para la elaboración de los Ordenamientos, pues invadían la esfera federal, específicamente, el contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
La sustitución de rellenos sanitarios, por la incorporación de tecnologías para tratar y dar disposición final a los residuos; la inclusión de temas energéticos para “descarbonizar” al estado, así como el encontrar consensos para la protección de la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, también forman parte de las prioridades en la agenda ecológica del gobierno, agregó.
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