Más Información
Guadalajara.— El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, fue exonerado de toda responsabilidad por el caso de los dos contenedores de tráileres donde almacenaron más de 300 cadáveres, que en septiembre de 2018 fueron detectados por el hedor cuando uno de los vehículos circulaba por la zona metropolitana de Guadalajara, revelando así la crisis forense del estado.
Con esta resolución a cargo del juez Decimoquinto Penal Oral, Luis Enrique Razo, sólo uno de los tres implicados en el caso por la Fiscalía Anticorrupción sigue bajo proceso.
En septiembre de 2021, Cotero Bernal fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en este caso, y como medida cautelar se le impidió salir del estado por lo que fue obligado a acudir periódicamente a firmar al juzgado donde continuó su proceso; sin embargo, la defensa del exfuncionario solicitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en la materia bajo los argumentos de que él no era responsable del manejo de los cuerpos y que fueron funcionarios de la fiscalía del estado los que ordenaron que los tráileres salieran del IJCF.
Al concederse el amparo a Cotero, el auto de vinculación a proceso en su contra quedó infundado y la defensa logró el sobreseimiento y la no vinculación a proceso del exdirector del instituto. Aunque la Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado al respecto, se espera que impugne esta decisión para tratar de llevar nuevamente ante un juez a Cotero Bernal.
Los otros implicados
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió tres carpetas de investigación para determinar cuántos funcionarios fueron responsables de lo ocurrido con los cuerpos que se encontraban en los tráileres y que, además del exdirector del IJCF, fueron vinculados a proceso. Entre los señalados están el director del Servicio Médico Forense, Eduardo Mota Fonseca, y la excoordinadora general de Administración de la Fiscalía General del Estado, Yolanda Salomé Santiago.
Mota Fonseca sigue vinculado a proceso, pero su defensa solicitó una suspensión condicional y está en espera de la audiencia para determinar si se le concede.
En cuanto a Salomé Santiago, fue vinculada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por la contratación de los tráileres; en agosto de 2021 fue sentenciada a un año y cuatro meses de prisión, pero al tratarse de una pena menor pidió la conmutación por el pago de una multa, también fue inhabilitada por seis años y ocho meses para ocupar cargos públicos.
