Un juez exoneró al exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, de toda responsabilidad en el caso de los tráileres en los que se almacenaron de forma negligente cientos de cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar y que en septiembre de 2018 deambularon por la Zona Metropolitana de Guadalajara, revelando así la crisis forense del estado.
Con esta resolución sólo uno de los tres implicados en el caso por la Fiscalía Anticorrupción sigue bajo proceso y también podría librarse de pisar la prisión.
En septiembre de 2021 Cotero Bernal fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en este caso y como medida cautelar se le impidió salir del estado y fue obligado a acudir periódicamente a firmar al juzgado donde continuó su proceso; sin embargo, la defensa del exfuncionario solicitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en la materia bajo los argumentos de que él no era responsable del manejo de los cuerpos y que fueron funcionarios de la Fiscalía del estado los que ordenaron que los tráileres salieran del IJCF.
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Al concederse el amparo a Cotero, el auto de vinculación a proceso en su contra quedó insubsistente y el juez Décimo Quinto Penal debió reponer la audiencia de vinculación en la que la defensa logró el sobreseimiento y la no vinculación a proceso del exdirector del Instituto.
Aunque la Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado al respecto, se espera que combata legalmente esta decisión para tratar de llevar nuevamente ante un juez a Cotero Bernal.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió tres carpetas de investigación para tratar de determinar cuántos funcionarios fueron responsables de lo ocurrido con los cuerpos que se encontraban en los tráileres y además del exdirector del IJCF fueron vinculados a proceso el director del Servicio Médico Forense, Eduardo Mota Fonseca, y la excoordinadora general de administración de la Fiscalía General del estado, Yolanda Salomé Santiago.
En el caso de Mota Fonseca, sigue vinculado a proceso, pero su defensa ha solicitado la suspensión condicional del proceso y está en espera de que se realice la audiencia para determinar si se le concede.
En cuanto a Salomé Santiago, fue vinculada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la contratación de los tráileres para la refrigeración de los cuerpos; tuvo procedimiento abreviado y en agosto de 2021 fue sentenciada a un y cuatro meses de prisión, pero al tratarse de una pena menor a los dos años pidió la conmutación por el pago de una multa y un juez lo concedió; también fue inhabilitada por seis años y ocho meses para ocupar cargos públicos.
afcl