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Cuernavaca.- La Fiscalía Anticorrupción en Morelos resolvió en “no ejercicio de la acción penal” a favor del exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y su exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, acusados por el Instituto de Crédito estatal de incurrir en actos presuntamente ilegales porque el segundo autorizó un crédito de 600 mil pesos al entonces gobernador para la compra de una camioneta, nueve días antes de concluir su encargo.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no hay delito que perseguir en contra de Graco Ramírez, gobernador de Morelos de 2012 a 2018, y su exsecretario de Hacienda, y por lo tanto tampoco un ejercicio de acción penal, pero los abogados del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) , se inconformaron y un juez de Control especializado citó a las partes a una audiencia de queja.
Sin embargo, la audiencia no avanzó al fondo del asunto porque la notificación sobre el resolutivo de la Fiscalía Anticorrupción sólo llevaba la firma del agente del Ministerio Público, y de acuerdo con el proceso legal debe contener la firma de su superior jerárquica, en este caso de la vicefiscal Guadalupe Flores Servín.
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“Fue una omisión de la Fiscalía Anticorrupción y por eso el juez determina reponer la notificación al Instituto de Crédito y concede un plazo de 30 días para notificar nuevamente al Instituto”, explicó el abogado Juan Gabriel Vargas Téllez.
Pero el Tribunal Superior de Justicia interpretó de forma distinta el fallo y afirmó que el juez de Control, Ramón Villanueva Uribe, decretó procedente la queja presentada por la directora del ICTSGEM, en la carpeta de investigación FECC/149/2018-12, tras resolver que la resolución de marzo pasado, emitida por la Fiscalía Anticorrupción de “no ejercicio de la acción penal” a favor del exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, carecía de la "previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad".
Por lo anterior, expuso el TSJ, el juzgador otorgó al Ministerio Público un plazo de 30 días para que dicte su nueva resolución y notifique su determinación a la directora del Instituto de Crédito.
El crédito
Nueve días antes de abandonar el cargo de gobernador, el político perredista Graco Ramírez obtuvo un préstamo del ICTSGEM para la adquisición de una camioneta “porque a partir del 30 de septiembre, fecha en que concluye su responsabilidad administrativa al frente del Poder Ejecutivo, dejará de hacer uso del vehículo oficial”, argumentó el gobierno estatal en un comunicado.
El crédito fue autorizado por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y también fungió como aval del mandatario morelense.
El Instituto precisó que el 21 de septiembre de 2018 se autorizó un crédito al entonces gobernador para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, modelo Traverse, por un monto de 600 mil pesos, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado.
La anterior administración justificó la solicitud de Graco Ramírez al decir que el político no recibirá pensión ni jubilación al dejar el cargo, y el hecho de que su nombramiento terminara a partir el último día de septiembre no lo eximía del pago del crédito otorgado.
El crédito aprobado está a nombre de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, con clave G.O.B. a una tasa del 10% por la cantidad de 600 mil pesos que deberá pagar en un plazo de 96 quincenas o 48 meses, con un interés global de 95 mil 633.13 pesos y un fondo de reserva de 39 mil 053.91, con lo que en total el saldo del mandatario es de 734 mil 687.04 pesos.
Su abogado afirma que no hay delito que perseguir porque la conducta que se le atribuye no es delictiva; “se trata de un crédito que está vigente y al corriente de pagos. Lo está pagando, incluso el Instituto de Crédito tiene la factura de la camioneta, pero ese tema será motivo de discusión en el fondo del asunto”, afirmó Vargas Téllez.
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