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Washington.— Más de 30 organizaciones internacionales que trabajan por los derechos civiles y los inmigrantes exigieron al gobierno mexicano que cesen sus acciones de “amenaza, intimidación y hostigamiento” contra defensores de los migrantes.
La principal denuncia es por el ataque a las actividades que se realizan en la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, que en las últimas semanas ha denunciado el acoso de elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional.
“Las múltiples agresiones y actos de hostigamiento que la Casa del Migrante de Saltillo ha enfrentado no son eventos aislados, sino reflejo de un ambiente cada vez más hostil para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, y en otros estatus de protección internacional en México”, señalaron las organizaciones.
Entre los firmantes se cuentan asociaciones como el Latin America Working Group (LAWG), la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA), la Due Process of Law Foundation (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alianza America, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) o la Robert F. Kennedy Human Rights.
En una carta abierta, las organizaciones hicieron un listado de agresiones recientes, de hace menos de un mes, en las que autoridades mexicanas amenazaron e intimidaron a los trabajadores de los albergues para migrantes. Todo ello a pesar de contar con la protección y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de que también forman parte del Mecanismo de Protección del gobierno mexicano.
Expusieron como ejemplo que el pasado 20 de julio cinco elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional pretendieron entrar a la fuerza para determinar el estado migratorio de las personas extranjeras que se encontraban alojadas en el albergue, autoridad que no les corresponde.
Al negárseles la entrada, advirtieron a los administradores del lugar que “se estaban metiendo en un problema”.
Tres días más tarde, fuerzas de la Guardia Nacional y la Policía Municipal volvieron a intentarlo, sin éxito. Esa vez, fotografiaron y grabaron al personal del albergue.
La Ley de Migración reza que las autoridades “no podrán realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.
Solamente el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene autoridad para efectuar una verificación del estatus migratorio de un individuo, recuerdan las asociaciones, citando declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH).
La Casa del Migrante de Saltillo, que provee no sólo asistencia médica y sicológica a los migrantes sino también albergue y asesoría legal sobre procesos migratorios.
También documenta y denuncia violaciones de derechos humanos que sufren los extranjeros. No es el único centro de este tipo que estaría recibiendo amenazas.
“En los últimos dos meses, otros albergues alrededor del país han reportado preocupantes intentos de ingreso a sus instalaciones por parte las Fuerzas Armadas y policiales”, aseguran, citando por ejemplo el Centro de Atención al Migrante Exodus (CAME) de Agua Prieta, Sonora.
“Hacemos un llamado urgente al gobierno mexicano a respetar los derechos de las personas migrantes y quienes les acompañan en la defensa de sus derechos; a investigar plenamente, así como sancionar a los oficiales involucrados en el hostigamiento del personal de la Casa del Migrante de Saltillo y de otros albergues; y a efectuar completa y efectivamente las medidas de protección otorgadas a estos albergues”, exigen las organizaciones internacionales.
