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Tuxtla.— Familiares de cinco policías estatales, que este jueves cumplen 15 días retenidos por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en la comunidad Río Florido, Ocosingo, en la selva de Chiapas, marcharon ayer en Tuxtla Gutiérrez para exigir al gobierno una solución negociada del conflicto.
José Luis Tondopo y Fernando Tondopo, adscritos la Fiscalía General del Estado (FGE), así como Carlos Gordillo y Fredy Sánchez, de la Policía Estatal Preventiva, y Bernal Hernández, quien funge como inspector acreditable, fueron privados de su libertad el jueves 18 de julio.
La manifestación concentró a unas 90 personas, quienes salieron del Parque Bicentenario y cerraron con un mitin afuera del palacio estatal de gobierno, con pancartas alusivas a la retención de los policías, y al grito de: “Libérenlos, no queremos violencia, sino paz”.
El FNLS es una organización integrada por maestros y grupos indígenas con presencia en diferentes regiones de Chiapas, y otros estados, cuyas demandas se centran en las denuncias contra “las desapariciones, excarcelación de presos políticos y tortura cometidas por el Estado”.
En Chiapas han encabezado bloqueos carreteros y protestas para pedir liberación de reos indígenas. El reclamo que desató el conflicto actual, con la retención de los cinco policías estatales, fue la aprehensión y vinculación a proceso por el delito de robo agravado de su militante Javier González, arrestado en el municipio de Villa Las Rosas.
El párroco. Entre la impotencia de no saber cómo se encuentra su hijo, Zenaida García Fonseca, de 62 años, madre del policía Fredy Sánchez, dijo que ellas como progenitoras “dan la vida por sus hijos”, y si el FNLS acepta un canje, las mujeres asumirán el papel de “rehenes” a cambio de la libertad de los suyos.
Efrén Domínguez, sobrino del policía Fredy, aseguró que los agentes fueron retenidos por el FNLS cuando volvían del ejido Petalcingo, a donde acudieron para resguardar al párroco de ese lugar, José Herrera, quien fue llevado de la cabecera de Tila, “según consta en los oficios”.
“Hay evidencias que avalan que mi tío y sus compañeros resguardaron al sacerdote. Consideramos que si pidieron que se trasladara con apoyo policial es por el riesgo de la zona, pero tanto la diócesis de San Cristóbal y la arquidiócesis de Tuxtla nos han negado el apoyo para ayudar en el conflicto”, sostuvo.
