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Chihuahua.— A un año del asesinato del defensor del territorio rarámuri Julián Carrillo Martínez, en la comunidad de Coloradas de la Virgen en Guadalupe y Calvo, familiares y amigos colocaron una ofrenda frente al Palacio de Gobierno, donde además exigieron justicia para el activista.
Carrillo Martínez fue asesinado a balazos el 24 de octubre del año pasado convirtiéndose así en la sexta víctima de la familia Carrillo, entre ellos uno de sus hijos y otras cinco personas cercanas.
Antes de ser asesinado, Julián Carrillo denunció públicamente el despojo del bosque y concesiones mineras en sus tierras ancestrales. Tras ello vinieron amenazas en su contra y fue asesinado a pesar de estar incluído en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el primer aniversario de su muerte, familia y amigos de Julián Carrillo, así como representantes de diferentes organizaciones civiles, entre ellos Amnistía Internacional (AI), demandaron a las autoridades que se haga justicia en el caso.
La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de AI, Edith Olivares Ferreto, señaló: “desafortunadamente hoy venimos a conmemorar el primer aniversario de Julián con las mismas exigencias que a inicios de año, venimos a plantearle al Estado mexicano que reconozca públicamente la labor de la legítima defensa de los derechos humanos que realiza la comunidad de Coloradas de La Virgen, al defender su territorio y el medio ambiente”.
Asimismo, enfatizó el derecho de esta comunidad a una vida digna en la que puedan conservar su identidad, “que las personas defensoras puedan vivir y ejercer su labor de defensa”.
Aunado a ello, demandó garantías urgentes para acabar con la impunidad de las amenazas, ataques y asesinatos de Julián Carrillo, su familia y la comunidad que protegía al momento de su homicidio.
A la fecha, la familia de Julián Carrillo no ha podido retornar a su comunidad, debido a que siguen siendo víctimas de amenazas de muerte.
Durante el memorial, se colocó una ofrenda floral, un moño negro y una cruz blanca junto a la cruz de clavos donde se realizan diferentes manifestaciones para recordar a personas desaparecidas o víctimas de la violencia.
Amnistía Internacional recordó que, después de un año, las autoridades mexicanas no han juzgado a los culpables del asesinato de Carrillo a pesar de que dos personas fueron detenidas por este hecho y siguen siendo investigadas sin resultado alguno. Por su parte, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, aseguró: “las valientes personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan un peligro constante en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconocer públicamente su invaluable contribución a la protección de los recursos naturales y su gobierno debe tomar acción contundente para garantizar [su trabajo]”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Chihuahua es una de las entidades con mayor riesgo para activistas y defensores de derechos humanos. Apenas el pasado fin de semana fue encontrado sin vida el activista Cruz Soto Caraveo, víctima de desplazamiento forzado por grupos de la delincuencia organizada.
