La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí , en su Artículo 18, reconoce que "la Violencia Institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia."
Liliana ha pasado los últimos seis meses de su existencia padeciendo de violencia institucional tras casi perder la vida a manos de Fernando “N”, ex pareja de su hija y padre de su nieta, quien en más de una ocasión las ha golpeado, sometido con una navaja, encañonado con un arma y amenazado con asesinarlas, a ella y a su hija Guadalupe.
El 24 de enero Liliana dio positivo al virus de la Covid-19 al hacerse una prueba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un día después Fernando “N” se presentó en la vivienda de Liliana, ahí comenzó a discutir con Guadalupe y la acusaba de haberlo contagiado de Covid. Ante las agresiones que su hija estaba sufriendo, salió a defenderla, en ese momento Fernando “N" la arrojó al suelo, lo que le causó una lesión en la cabeza, la espalda y la pantorrilla.
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Fernando “N” sacó una navaja y amenazó con matarla, obligó a Guadalupe para que subiera a una motocicleta e ir a la Santa Fe para buscar un arma, “me dijo que mejor iría por una pistola para matarme”. Al no conseguir el arma, Fernando “N” regresó con Guadalupe a la casa.
Liliana esperó a cumplir con sus tres días de incapacidad dados por el IMSS y el 27 de enero se presentó a la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer, a la Familia y Delitos Sexuales, ubicada en la calle 5 de mayo de la colonia Niños Héroes. Ahí la licenciada que la atendió le cuestionó porque había esperado dos días para presentar su denuncia, a lo que Liliana le respondió que había padecido Covid, por lo que le negaron la atención presencial y la invitaron a “denunciar por teléfono”.
El 14 de febrero, Liliana se volvió a presentar en la Fiscalía, ahí le tomaron su declaración de los hechos y la licenciada Verónica Duarte clasificó el delito como Violencia Familiar Reiterada, sin tomar en cuenta que para que sea violencia familiar debe de haber una relación consanguínea y deben de habitar el mismo domicilio los involucrados, como lo establece el Código Penal.
Ahí le asignaron al comandante Salvador Méndez Hernández, para que la apoyara en caso de ser necesario. Después, Liliana espero por más de dos horas se negó a revisarla fisicamente por haber padecido Covid. Al momento de expedir el certificado médico anotó “no presentaba ninguna lesión”.
La afectada en más de una ocasión le preguntó a la licenciada Verónica Duarte sobre su caso y le manifestó que no estaba de acuerdo con la clasificación del delito, que ella estaba viva sólo porque aquel 25 de enero Fernando “N” no había conseguido un arma.
Para el 13 de marzo la situación empeoró, Fernando “N” privó de la libertad a Guadalupe cuando ella salió de trabajar, la mantuvo cautiva hasta la madrugada del 14 de marzo. Durante toda la noche la golpeó, la encañonó con un arma de fuego, le colocó un cuchillo en la garganta y la picó con un desarmador muy cerca del corazón, además de amenazarla con matarla a ella y a toda su familia si lo dejaba.
Fernando “N”, ya empistolado, llevó a Guadalupe a la casa de Liliana, ella le pidió ayuda a su mamá por whatsapp. Liliana llamó al comandante Salvador, a quien le habían asignado para su protección, el policía le dijo que para empezar marcara al 911 ya que ese era su número personal y que en ese momento no podía ayudarlas porque no había unidades disponibles.
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Una hora más tarde arribó una patrulla, pero Fernando “N” logró escapar. Ante el riesgo feminicida, Guadalupe y su hija fueron llevadas a un refugio. Liliana pidió ayuda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante la inoperancia de la Fiscalía de la Mujer, el 1 de abril de 2022 para que la apoyaran en reclasificar el delito como tentativa de feminicidio.
El que Liliana se presentara en la CEDH indignó a la licenciada Verónica Duarte, lo que provocó rechazo y más falta de interés en su caso, además le reclamó “para que me acusaba en derechos humanos”, a lo que Liliana le respondió “mi vida está en riesgo y tengo derecho a tocar diferentes instancias.”
Gracias a las pruebas que Liliana presentó, se logró judicializar su carpeta de investigación y el 19 de mayo de 2022 Fernando “N” fue aprehendido. El 20 de mayo se realizó la audiencia inicial en el Cereso de La Pila, ahí estaba un asesor de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), “el solo se acercó, hojeó el expediente y al igual que el juez, ignoró toda la violencia psicológica y física por parte de mi agresor.”
Durante la audiencia el juez reclasificó el delito como amenazas y le otorgó al acusado la suspensión condicional de la pena, es decir, que sólo tendrá que pagar la reparación del daño valuada en 14 mil pesos para obtener su libertad. Liliana pidió apelar, pero tanto asesor de CEEAV, de nombre Carlos Alberto, y la licenciada Verónica Duarte se negaron.
Liliana ha renunciado a su trabajo, paga de su propia bolsa los medicamentos para salir de las crisis depresivas y ansiosas que le ha generado el vivir en un entorno de violencia feminicida desde hace años, mientras lucha contra un sistema de justicia que apoya a su agresor y que dice “la víctima tuvo que haber sobrevivido a un ataque para ser considerada tentativa de feminicidio.”
Ella cuestiona "tengo que llegar media muerta a denunciar para que hagan caso", además de señalar las trampas legales que ofrecen como estrategias los asesores. Este es solo el proceso de Liliana, su hija Guadalupe lleva sus asuntos aparte, pero no sin el apoyo de ella. Liliana estima que su vida y tranquilidad no valen 10 mil pesos, que fue lo último que le ofrecieron los defensores de Fernando “N” y que sus asesores le pidieron aceptar para dar carpetazo a su caso.
Liliana busca justicia y una vida libre de violencia, pero al tocar las puertas para obtenerla, entre éstas, la de Mónica Tenorio, quien contendió para ser titular de la CEDH, le responden “la justicia no existe, no la vas alcanzar”. La vida de Liliana se encuentra pausada, su agresor y el de su hija permanece interno en La Pila, ella se pregunta que va a pasar el día que sea liberado, esa pregunta le quita el sueño y la tranquilidad, pero eso no importa y no es visible para las instituciones de procuración de justicia.
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