A 20 años de la represión del 28 de mayo contra cientos de jóvenes que se manifestaron contra la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Guadalajara, las víctimas de aquel episodio en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró documentar al menos 73 retenciones ilegales, 56 tratos crueles y 19 casos de tortura, exigieron la reparación del daño y el castigo a los responsables, y entre ellos señalan al exgobernador panista de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien hoy pide el voto para acceder a un escaño en el Senado con la coalición Fuerza y Corazón.
Con un juicio popular y una marcha desde la glorieta de Las y Los Desaparecidos a Palacio de Gobierno, algunos de los procesados en 2004, colectivos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, recordaron que muchos de ellos ni siquiera participaron en la manifestación –en la que hubo provocadores infiltrados que generaron una confrontación con la policía– y fueron detenidos arbitrariamente cuando caminaba por el centro tapatío o incluso mientras estaban dentro de algún restaurante o bar de la zona.
“Se pudo constatar con diversos testimonios que después de disolverse la manifestación, los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, practicaron ‘razzias’ en los alrededores del Centro Histórico realizando detenciones sobre personas que ‘parecían sospechosas’ por su forma de vestir, por el color de su ropa, por su apariencia física o porque se creía que habían participado en la manifestación.
Se pudo acreditar que las personas detenidas fueron sometidas a trato cruel y degradante en el momento en el que se llevó a cabo su detención, así como cuando fueron trasladadas a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco”, señala el informe especial realizado por la CNDH tras los hechos.
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A 20 años de aquellos hechos, quienes fueron procesados de manera irregular siguen buscando justicia, pues ninguno de los responsables de ordenar la represión y la tortura ha sido procesados ni se les inició siquiera el procedimiento administrativo que recomendó la CNDH.
Además de señalar al exgobernador Ramírez Acuña, responsabilizaron al entonces alcalde de Guadalajara, Emilio González Márquez; Vicente Fox Quezada, expresidente de la república; Filiberto Ortiz Amador, excomandante de la policía estatal; Gerardo Octavio Solís Gómez, ex-procurador de Justicia de Jalisco; Luis Carlos Nájera, exsecretario de Seguridad Pública de Guadalajara y José Armando Espinoza, quien entonces era juez noveno de lo penal.
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