Oaxaca.— El Colectivo de Mujeres 50+1 exigió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial que investigue las características del amparo otorgado al exdiputado local del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, el cual le evitaría ser detenido como presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
El organismo manifestó que le preocupa que se haya otorgado el amparo, cuando lo que está detrás es la posible orden de aprehensión en un caso judicial inscrito como grave violación a los derechos humanos.
Reprobaron que se haya otorgado la suspensión provisional contra la posible detención de Vera Carrizal, otorgada por el juez Federal del Juzgado Cuarto de Distrito en Oaxaca al también empresario y propietario de gasolineras.
La organización recordó que el exdiputado del PRI es señalado como el presunto autor intelectual del ataque con ácido a María Elena y que el amparo se le otorgó luego de que el fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó que el exlegislador forma parte de la investigación en el caso.
“Este delito contra la vida e integridad física de María Elena Ríos Ortiz está inscrito como modalidad cruenta de violencia feminicida, de manera que el Estado no puede ser omiso en garantizar a las mujeres seguridad y una vida libre de violencia”, señaló.
El Colectivo de Mujeres 50+1 demandó una investigación eficiente e imparcial desde la procuración de justicia que dirige la Fiscalía General del Estado (FGE).
Exigió que la autoridad local instrumente todas las gestiones que lleven al esclarecimiento de los hechos y al reforzamiento de las investigaciones que se realizan al respecto para “aportar elementos que permitan una condena ejemplar, tanto en la autoría material como intelectual”.
Las mujeres exigieron, además, garantizar la integridad física y sicológica de las víctimas indirectas y el otorgamiento de medidas cautelares para su debida protección, así como que la atención integral y especializada a María Elena no tenga ningún impedimento. Finalmente, solicitaron que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exija a las autoridades protección integral tanto para la víctima como para sus familiares y amistades.