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La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) denunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras autoridades federales, han incumplido con el compromiso de emitir un nuevo decreto para garantizar el derecho humano al agua de 16 comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.
El 12 de octubre de 2019, la Conagua y representantes de las 16 comunidades firmaron un acuerdo en el que se reconoce la administración comunitaria del agua y su legítimo derecho a decidir sobre las fuentes naturales de agua en su territorio y a cuidarlas.
Autoridades municipales e integrantes de la Copuda, respaldados por la organización Flor y Canto, firmaron un acuerdo con el gobierno federal en el que se establecieron cinco puntos para el aprovechamiento del acuífero.
Entre los puntos se estableció la armonización de derechos territoriales entre el Estado mexicano, a través de la Conagua, y las comunidades zapotecas integradas en la Copuda, estableciendo una nueva relación con los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de la participación de las comunidades en la administración del agua subterránea del acuífero de Valles Centrales .
Además, unas de esta resoluciones implica también que la Conagua establecerá un nuevo decreto, que incluya la zona reglamentada, así como la publicación de un estudio técnico en el que se establezca la disponibilidad de agua en el acuífero y la emisión de concesiones colectivas.
A casi un año de la firma de este acuerdo, denunciaron que "la Conagua y el Estado mexicano no muestran voluntad política para cumplir con lo pactado”, refieren en el material audiovisual que dieron a conocer. A 10 meses de la firma que se difundió en los medios de comunicación no se han hecho efectivos los compromisos, ello en perjuicio de las comunidades y sus respectivas poblaciones”.
Para la Copuda, el incumplimiento de la Conagua y del gobierno federal a estos acuerdos confirma que la Ley de Aguas violenta sus derechos colectivos, y “es aprovechada para aplicar medidas discriminatorias, permitiendo el saqueo del recurso hídrico y negando a las comunidades su legítimo derecho sobre el vital líquido”.
Desde el 2005, las 16 comunidades emprendieron acciones comunitarias y legales para revertir la sequía que azotó la región y dejó sin agua a la población, además de enfrentarse al abandono gubernamental.
Las acciones legales consistieron en la lucha porque se les reconozca sus derechos sobre el agua
; mientras que las comunitarias, se basaron en tareas a través de las cuales se recuperara el acuífero.
Estas labores derivaron en una consulta indígena, cuyo objetivo era reglamentar el aprovechamiento del agua en los Valles Centrales, luego de aquella intensa sequía que orilló a comunidades indígenas a abandonar sus tierras.
fbpt/ed
