Cancún.- Con base en lo que establece el Acuerdo de Escazú, firmado por México y en busca de una sede neutral, habitantes de Solidaridad y Tulum solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , el cambio de sede de la Reunión Pública de Información (RPI) programada para mañana en el Parque Dos Ojos, en el Ejido de Jacinto Pat, durante la cual será presentado y debatido el proyecto del Tramo 5 Sur del Tren Maya .
En un escrito dirigido a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), personas que desean participar en ese ejercicio, señalaron que “existe una notoria tendencia y parcialidad” en la elección de la sede de dicha reunión, toda vez que el Ejido Jacinto Pat, públicamente, ha expresado su respaldo a las obras que, ilegalmente, comenzaron a desarrollarse desde febrero en ese tramo, que va de Playa del Carmen a Tulum.
También se menciona en la carta que existe “riesgo de confrontación con las demás personas y agrupaciones que llegarán a expresar una opinión distinta a la postura del Ejido y que por el lugar del evento se vea comprometida su seguridad e integridad”.
Sucede que la Semarnat abrió a consulta pública –del 23 de mayo al 17 de junio– el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto impulsado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) .
Como parte de ese proceso, admitió la realización de la Reunión Pública a efectuarse mañana, a partir de las 9 horas en el Ejido, lo cual ha despertado inquietudes en las y los activistas, principalmente por las garantías de seguridad durante el encuentro.
La petición del cambio de sede incluye que se reprograme también la fecha, toda vez que el análisis del manifiesto de impacto ambiental, con más de 4 mil páginas, requiere de mayor tiempo.
“Teniendo en cuenta que se trata de un megaproyecto tan complejo en el que se deben analizar diversas cuestiones técnicas, ambientales y jurídicas, también se solicita un cambio de fecha para que dé oportunidad a las personas y agrupaciones interesadas en participar, a preparar sus dudas, comentarios y demás participaciones”, se lee.
El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) , quien cuenta con el registro más amplio de participación en Reuniones Públicas de Información, desde hace poco más de 20 años, anunció este lunes que no asistirá, debido a los riesgos que implica el sitio designado, el propio Ejido a favor del proyecto.
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Hasta el momento se desconoce quién solicitó la realización de la Reunión Pública y por qué se decidió esa sede.
Para sustentar la solicitud, las y los firmantes del escrito expusieron que “el Ejido Jacinto Pat se ha pronunciado expresamente a favor del Tren Maya, que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió en su conferencia matutina del jueves 31 de marzo de 2022, un video en el que dicho Ejido muestra su apoyo al megaproyecto, por lo que es claro que existe una notoria tendencia y parcialidad a su favor”.
Legalmente, invocaron que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”, establece que se deben garantizar los ejercicios de consulta que posee la ciudadanía, en un entorno seguro y propicio para que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales.
El proyecto del Tramo 5 Sur consiste en la construcción de 67.6 kilómetros de línea ferroviaria de doble vía, de Playa del Carmen a Tulum, como parte de un recorrido mixto, de pasajeros y carga, a velocidades de 160 y 100 kilómetros por hora, sobre zonas de alta fragilidad, donde corre la red de ríos subterráneos y cavernas más grandes del mundo.
En este Tramo se contempla la operación de una locomotora de biodiesel híbrida, es decir un tren que funciona con diésel y es eléctrico; incluye la construcción de dos estaciones ferroviarias en Playa del Carmen y en Tulum, pasos vehiculares, pasos de fauna, obras de drenaje y taller de mantenimiento.
En paralelo, los movimientos S.O.S Cenotes, Sélvame del Tren, la Selva es Nuestra y Selva Maya S.O.S. publicaron un desplegado en el que advierten que la consulta pública abierta por la Semarnat no es válida.
En su pronunciamiento señalan que, de entrada, la MIA se presentó de forma extemporánea, luego de que se destruyó la zona del tramo 5 Sur, lo cual violenta el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA)
En consecuencia, la Semarnat no debió admitir el ingreso del manifiesto de impacto, sino ordenar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la clausura de los trabajos ilegales.
También alertan sobre la intención del gobierno federal de confrontarles con los ejidatarios, cuando lo que se busca es el bien común; aclararon que las demandas que han planteado se dirigen hacia la Semarnat, el Fonatur, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Grupo México, encargado de ese tramo.
Coincidieron en que la Reunión Pública “no reúne las condiciones básicas, al poner en riesgo el derecho a la participación ciudadana, por no ser un espacio neutral”; se quejaron de que solo puedan registrarse 20 participaciones ciudadanas para exponer sus argumentos y observaciones sobre los elementos técnicos, jurídicos y ambientales del megaproyecto, lo que incluye el enunciamiento de los impactos ambientales.
En la postura se remarca que, aunque el Fonatur se empeña en fijar la narrativa de que pueden reanudarse las obras, legalmente están obligados a cumplir la suspensión definitiva dictada por el Juzgado 1 de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, la cual solo podrá ser levantada una vez que se dicte sentencia sobre el juicio de amparo correspondiente, si así lo determina el juzgador.
Incluso, advierten que la Semarnat ni siquiera podría autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en la zona devastada, conforme a lo que establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Dicho artículo indica que “no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte, sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado”.
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