El exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña (PAN); el exalcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco (PRI), y otros 16 exfuncionarios se ampararon para no dejar de recibir las llamadas “pensiones doradas” , que oscilan de los 107 mil pesos a los 200 mil pesos mensuales y que comprometen las finanzas del Instituto de Pensiones de Estado (Ipejal).
Tras la aprobación, en septiembre pasado, de la reforma promovida por el gobernador del estado, Enrique Alfaro , para topar en un máximo de 106 pesos las pensiones otorgadas por el Ipejal, el próximo 15 de octubre entrará en vigor la medida que en total acotaría las pensiones de 70 exservidores públicos, sin embargo 14 han obtenido suspensiones provisionales y cuatro más suspensiones definitivas, por lo que seguirán recibiendo montos que sobrepasan el límite legal.
El director jurídico del Ipejal, Rodrigo Moreno Trujillo, señaló que ya se impugnaron las suspensiones ante los jueces de distrito que las han concedido para tratar de revertirlas utilizando el argumento de que, en temas de pensiones y seguridad social, debe privar el beneficio público por encima del beneficio individual.
En ese sentido, el director general del Instituto, Héctor Pizano Ramos, explicó que el tope de las “pensiones doradas” es una acción necesaria para proteger el fondo solidario de la institución y garantizar la seguridad social de presentes y futuras jubilaciones.
“Nuestras pensiones son en promedio de 17 mil pesos, por lo tanto, un solo pensionado (con estos montos hoy ilegales), se lleva 10 veces más y eso no le da viabilidad al sistema de pensiones; por eso realmente creemos y confiábamos que algunas y algunos de los compañeros que tienen estas pensiones no fueran al juicio de amparo porque 106 mil pesos es suficiente para una pensión”, dijo.
Indicó que poner un tope a las pensiones doradas garantiza recursos para el instituto al menos hasta 2051; hoy el Ipejal entrega cerca de 42 mil pensiones a exfuncionarios, pero se espera que para 2028 la cifra se duplique, pues con la reforma se ampara a trabajadores supernumerarios, temporales y transitorios que antes estaban excluidos de la ley.
Según información entregada por el Ipejal, además de Ramírez Acuña, que recibe 178 mil pesos mensuales de pensión, y Ruiz Orozco, que alcanza los 180 mil, los exfuncionarios que se ampararon son Patricia Campos González (126 mil pesos); Armando Morquecho Ibarra(122 mil pesos); Carlos Raúl Acosta (170 mil pesos); Jesús Casillas Romero (126 mil pesos); José Socorro Velázquez (167 mil pesos); Andrea Margarita Márquez (107 mil pesos); Isidoro Gallardo (133 mil pesos); Hugo Olveda (170 mil pesos); Ramón Soltero Guzmán (172 mil pesos); José Manuel Verdín (176 mil pesos); Guillermo Guerrero Franco (163 mil pesos); Austreberto Andrade (134 mil pesos); Ernesto Chavolla (165 mil pesos); Luis Ernesto Camacho Hernández (158 mil pesos); José de Jesús Angulo Aguirre (170 mil pesos) y Gilberto Ernesto Garabito García (172 mil pesos).
Lee también:
afcl/rcr